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Gira Piñera: lanza plan de control a universidades
Sebastián Piñera
El proyecto de ley, que ingresará en los próximos días al Congreso, acaba con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), un ente autónomo que certificaba la calidad de las universidades que reciben millonarios recursos del Estado.
Su expresidente, Luis Eugenio Díaz, está en prisión, acusado de cohecho y corrupción, luego que una serie de correos electrónicos revelaron que sobornó a al menos cuatro universidades para entregarles de forma irregular su certificado de calidad.
«Este proyecto corrige drásticamente el marco regulatorio de la educación superior chilena», dijo el ministro de Educación, Haral Bayer, al explicar en rueda de prensa los alcances del proyecto.
El nuevo organismo estará integrado por cinco miembros electos por concurso público y entregará una única acreditación por seis años y no como era hasta ahora, que las universidades podían certificar su calidad hasta por un año.
En el caso de que las universidades no logren su acreditación, no podrán entregar títulos profesionales ni recibir recursos del Estado, por lo que arriesgan su cierre. Hoy, las universidades tienen casi completa autonomía para entregar títulos y pueden funcionar sin estar certificadas. El único efecto que ello tiene se refleja en la cuota que pagan los alumnos.
Facultades
El nuevo organismo que avalará la calidad tendrá facultades además para intervenir las instituciones y establece una serie de inhabilidades para que sus funcionarios no puedan trabajar como asesores de las mismas universidades que fiscalizan, lo que estaba permitido.
El escándalo provocó el lunes la salida del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien apareció vinculado en correos electrónicos al encarcelado expresidente de la CNA mientras se desempeñaba como rector de la privada universidad Autónoma, en Santiago.
Las denuncias involucran hasta ahora a al menos cuatro universidades privadas, que están bajo investigación. La más afectada es la Universidad del Mar, una institución que en pocos años pasó de tener unos 3.000 alumnos a casi 20.000, convirtiéndose en la tercera más grande del país y que recibió su acreditación fraudulenta en 2010.
No obstante, pese a los cuantiosos recursos recibidos a causa del creciente número de nuevos alumnos, la institución se declaró en quiebra. Sus dueños, en vez de reinvertir, desviaron los recursos hacia sociedades inmobiliarias, un resquicio por el que muchas universidades privadas retiran utilidades, prohibidas por la actual legislación que les permite funcionar, pero «sin fines de lucro».
En estos días se analiza el cierre de la institución, lo que dejaría a sus miles de estudiantes a la deriva. La mayoría pertenece a estratos bajos y había escogido esta universidad porque, a diferencia de otras, otorgaba a sus alumnos créditos internos.
Denuncias
El escándalo parece ratificar las denuncias sobre la mala calidad y el afán de lucro excesivo del sistema educativo chileno, denunciado con ahínco el año pasado por cientos de miles de estudiantes en las calles de Santiago.
El sistema educativo chileno es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, que redujo a menos de la mitad los recursos públicos y fomentó la inclusión de fondos privados, casi sin regulación.
Con la llegada de la democracia, en 1990, el sistema se mantuvo casi intacto, con varias decenas de universidades privadas funcionando con escasa regulación, cobrando algunos de los aranceles más caros del mundo, pagados con créditos con altísimos intereses, que mantenía asfixiada a la mayoría del casi millón de estudiantes que hay hoy en Chile.
Con deudas impagables, miles de estudiantes comenzaron a manifestarse en las calles en abril del año pasado, cuando protagonizaron las más grandes manifestaciones callejeras en dos décadas en Chile, exigiendo educación pública, gratuita y de calidad, lo que hizo desplomar la popularidad del presidente Piñera.
«Estamos haciendo un paso importante para garantizarle a la sociedad chilena, a los estudiantes, a las familias chilenas que el sistema de acreditación va a garantizar que las instituciones que estén acreditadas cumplen con los estándares de calidad que se merece y necesita un país como Chile», dijo ayer Piñera.
Adicionalmente, su Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que crea una Superintendencia de la Educación Superior que también velará por la calidad de la educación chilena, junto con una rebaja de las tasas de interés que se pagan por los préstamos con que se financian las matrículas.
Agencia AFP
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