Gobierno cedería un fondo del Bicentenario por año

Domingo Cavallo

La coparticipación total del impuesto al cheque, si efectivamente es sancionada la ley, tendrá un necesario e inmediato veto presidencial. Sin embargo, para el caso de que luego el Congreso lo ratifique, el público tendrá una consecuencia directa e inevitable: este tributo, de lejos el más distorsivo de todo el sistema tributario argentino, tendrá carácter permanente y será utópico cualquier intento de derogación. Esto será así, ya que no hay en la historia reciente del país ningún impuesto, en todo o parte, que sea girado por la AFIP a las provincias y que el Congreso (donde los gobernadores tienen sus representantes) lo reduzca o elimine. Si entonces, una ley de coparticipación general de este tributo queda firme, habrá que convivir por muchas décadas con su existencia. Lo único que se podrá esperar, entonces, es que no aumente en momentos de zozobra fiscal provincial.

Por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (tal su nombre oficial), el Gobierno nacional obtiene entre 1.800 y 2.000 millones mensuales programados para 2010. Esto es, entre 21.500 y 24.000 millones de pesos anuales. Como se coparticipa menos del 30% en la actualidad, al Gobierno nacional le quedarían en el año entre 15.000 y 17.000 millones. Esto es, aproximadamente u$s 4.400 millones, una cifra superior a los u$s 4.382 millones que el Gobierno busca obtener con el nuevo DNU que le permitiría pagar vencimientos de deuda privada con reservas del Banco Central. En otras palabras, si se aprueba la ley de coparticipación plena del impuesto al cheque, el Gobierno perderá un Fondo de Desendeudamiento entero.

Obviamente, el avance del proyecto provocaría una grave brecha fiscal en las cuentas públicas del Gobierno nacional. Todo el esfuerzo político y económico buscado y pagado por el avance de la idea de pagar deuda con reservas quedaría eclipsado por la novedad. La situación fiscal sería aún más grave para las cuentas públicas, si además el Congreso o la Justicia avanzan contra el Fondo de Desendeudamiento y la facultad de pagar deuda con reservas para el Ejecutivo. El Gobierno perdería así en este comienzo de 2010, unos u$s 8.700 millones (sumando el tributo al cheque más el FOBIC), lo que para el kirchnerismo directamente sería una catástrofe fiscal. En otras palabras, sería el fin de la caja oficial y el comienzo de una etapa de profunda restricción fiscal para un Gobierno acostumbrado a la más absoluta holgura de ingresos que haya tenido una administración desde el retorno de la democracia en 1983.

Habría, además, consecuencias políticas. Los gobernadores podrían repartirse mensualmente entre 1.800 y 2.000 millones de pesos, distribuidos en los porcentajes que actualmente impone la Ley de Coparticipación vigente. Para algunas provincias, como las de Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, entre otras, implicaría todo el dinero en ayuda fiscal que desde Olivos se les gira mensualmente a estas gobernaciones y que imponen el respeto político absoluto. Para gobernadores como el cordobés Juan Schiaretti o el santafesino Hermes Binner sería la posibilidad de contar con dinero directo que les permitiría la independencia casi total del Gobierno nacional.

El impuesto al cheque nació en agosto de 2001, cuando un poderoso Domingo Cavallo desembarcaba en el Ministerio de Economía y pedía al Congreso la sanción de este tributo como garantía de ingresos extras para no caer en default.