Gobierno convocará a sesiones extraordinarias desde mitad de mes: juicio político es prioridad

“La Corte Suprema de Justicia interviene sobre el accionar de los otros poderes violando la Constitución”, alertó la funcionaria de Alberto Fernández, quien reiteró críticas hacia los magistrados. Reapareció el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y -tarde- se sumó al rechazo de la estrategia kirchnerista.

extraordinarias. La portavoz Gabriela Cerruti confirmó ayer la convocatoria a sesiones extraordinarias, para la segunda mitad de este mes.

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, anunció ayer que el Ejecutivo convocará la semana próxima a sesiones extraordinarias para la segunda mitad de enero y que la prioridad será -juntos a otros temas económicos y sociales- el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, a quien la funcionaria acusó de intervenir “sobre el accionar de los otros poderes violando la Constitución”.

“El pedido de juicio político se basa, sobre todo, en dos cuestiones en las cuales claramente, rompiendo la división de poderes, la Corte intervino”, dijo Cerruti, y detalló que “en un caso fue sobre el Poder Legislativo, con respecto al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte pone en vigencia una ley que estaba derogada, un hecho insólito”. En segundo término, apuntó a “la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, donde también violó la división de poderes con respecto a temas en los cuales claramente tiene que intervenir el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo”.

Anteayer, el propio Alberto Fernández se reunió en la residencia oficial de Olivos con el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Germán Martínez; y la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, la también oficialista Carolina Gaillard. Allí, el presidente solicitó rapidez al tratamiento de la jugada del Gobierno junto a varios mandatarios provinciales. En las últimas horas, Cerruti agregó que “esta Corte no sólo es arbitraria y demora sus fallos en cuestiones que tienen que ver con trascendencia institucional, sino que también ha complicado la vida de la gente con la demora en los fallos”.

Una vez activo el período de extraordinarias, y con el tema en agenda incluido por el Ejecutivo, Gaillard podría convocar a la comisión que preside y exigir la exposición de los involucrados -jueces supremos-, algo que incomodaría a Juntos por el Cambio por la vieja guerra que tiene la Coalición Cívica con el magistrado supremo Ricardo Lorenzetti, con pedido de juicio político incluido.

En el mejor de los casos, y si el oficialismo juega la delicada carta de llevar a los magistrados al Congreso, el tema avanzaría en comisión como un máximo triunfo para el kirchnerismo. En dicha instancia cuenta con mayoría, pero el tema quedará bloqueado en el recinto, ya que una acusación de este tipo necesita dos tercios de los votos en el recinto. Una situación similar ocurre en el Senado, por lo que la iniciativa quedará en la nada. Ayer, Alberto Fernández retomó el tema y alertó: “Hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces, pero vamos a volver a ser un país donde los únicos privilegiados sean los niños y las niñas, porque ese va a ser un país más justo”.

Tras la conferencia de Cerruti reapareció -tarde- el interbloque macrista del Senado, que comanda el radical Alfredo Cornejo. La bancada rechazó “el infame pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de justicia, suscripto por el presidente de la Nación y 11 gobernadores”, debido a que “se trata de un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la CSJN y demás funcionarios y magistrados”.

Para el principal espacio opositor, “esta conducta del presidente se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la CSJN en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho continúa sin cumplir y, en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido”.

El macrismo también direccionó la mira hacia el ministro de Justicia, Martín -, que “ha manifestado públicamente que el Poder Ejecutivo podría reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por medio de un improcedente DNU, sin valorar que la Constitución Nacional requiere una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político”.

Para finalizar, Juntos por el Cambio aseveró: “Ante la gravedad institucional del accionar del presidente y sus funcionarios, los senadores reafirmamos que el Congreso Nacional es el ámbito institucional del diálogo y búsqueda de consensos políticos. Sin embargo, ello no será posible en la medida en que el Poder Ejecutivo de la Nación continúe atacando las normas más básicas de convivencia establecidas en la Constitución Nacional como la independencia del Poder Judicial de la Nación”.

El macrismo dejó un preocupante panorama a nivel legislativo de cara a un eventual período de sesiones extraordinarias: “Ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”.