Alberto Fernández activará, en los próximos días, la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, con la discusión sobre el Consejo de la Magistratura como tema central de la agenda, salvo que aparezca un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La discusión debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril.
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Gobierno define leyes de sesiones extraordinarias y la oposición ya presenta contrapropuestas
Los cambios en el Consejo de la Magistratura tendrán orden de prioridad, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la conformación de dicha institución. El radical Mario Negri presentó proyecto y anima discusión. No se espera actividad frenética tras renovación de diciembre pasado.
El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en las sesiones extraordinarias.
A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género para dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
Si el Frente de Todos decide avanzar con dicho proyecto en la Cámara alta, el oficialismo no tendría mayores problemas para imponer su mayoría. Si bien no tiene más quorum propio desde el 10 de diciembre pasado, puede iniciar sesiones y aprobar leyes que necesiten hasta la mayoría absoluta del Cuerpo gracias a sus 35 legisladores, más los habituales aliados Alberto Weretilneck (Río Negro) y Magdalena Solaria Quintana (Misiones), más la reciente incorporación como “ayuda extra” de la otrora opositora Clara Vega (La Rioja).
El inconveniente serio que tiene el Frente de Todos es, al igual que en la primera mitad de su gestión, los votos en Diputados. Allí, el reciente y frustrado debate sobre el Presupuesto 2022 demostró a un Congreso cada vez más polarizado y dejó, de cara al corto y mediano plazo, varias señales de advertencia con respecto a una merma en la actividad.
Ante las idas y vueltas del Gobierno con respecto a la agenda para el Congreso -decenas de proyectos se prometieron en el último año, la mayoría sin avances-, la oposición el espacio y empujó una baterías de iniciativas propias para disputarle el espacio al Frente de Todos. Ayer, por caso, el jefe radical en Diputados Mario Negri (Córdoba) presentó un texto que, según explicó, “no sólo busca reponer la antigua composición del Consejo de la Magistratura siguiendo las indicaciones del fallo de la Corte, sino que es también un instrumento para dotar de un funcionamiento más eficiente y veloz al Consejo y por extensión a todo el Poder Judicial”.
Negri detalló: “En primer lugar, al volver a los 20 miembros, terminamos con el vicio que acarreó la ley de 2006 que estableció un predominio de los estamentos políticos sobre los no políticos. Ahora ninguno de los dos sectores tendrá quorum propio, que queda en 12. En segundo lugar, establecemos plazos mucho más breves y perentorios para los expedientes. Una denuncia contra un juez ya no podrá tramitarse durante tres años, ese plazo se reduce a 12 meses. Si la comisión de Disciplina no logra avanzar en ese año, el expediente debe tratarse directamente por el pleno. Además, se acortan los tiempos de los concursos para suplir una de las mayores falencias que tiene hoy el Poder Judicial que son los tribunales vacantes”.
El Ejecutivo también define por estas horas todas las leyes para empujar la actividad. Son varias pero los legisladores esperan alguna exposición del ministro de Desarrollo Productivo, el kirchnerista Matías Kulfas, por quien pidieron durante largos meses y sin ningún tipo de respuesta positiva.
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