Gobierno duerme reforma de coparticipación para 2011

«El Gobierno no tiene intenciones serias de avanzar en una reforma de la coparticipación que afecte financieramente al Ejecutivo este año. Eventualmente, se podrá estudiar algún proyecto que comience a regir en 2011 y que tenga importancia fiscal desde 2012». Así explicaba anoche a este diario una alta fuente del Gobierno de los Kirchner, que participará este mediodía del almuerzo que el matrimonio presidencial les otorgará a los gobernadores afines. Varios de éstos recibieron el viernes esta aclaración sobre la estrategia oficial, pero con el mensaje político kirchnerista sobre la intención de elevar el debate para una nueva ley de coparticipación para el largo plazo. Este sería lo suficientemente extenso como para que los Kirchner no tengan que sufrir ningún tipo de peligro en sus ingresos hasta que termine el mandato de la actual Presidente.

En este sentido, se aclaraba el fin de semana que sólo existe, al menos hasta ahora, la posibilidad de analizar un proyecto sobre el que viene trabajando el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Este administrador tiene un valor agregado para la mirada del matrimonio de Olivos: como senador era el defensor en el Congreso de los presupuestos oficiales y de la política de giro mensual de efectivo a las gobernaciones. Luego, ya como administrador del Chaco, fue el defensor oficial de proyectos con fuerte polémica provincial como las retenciones a la soja y el pago de deuda con reservas (en el capítulo del dinero que quedaría para las gobernaciones regionales).

Análisis

Con estos antecedentes, la letra fina del proyecto Capitanich pudo franquear la puerta de Olivos y estar hoy en plena etapa de análisis. La idea del chaqueño se basa en repetir el esquema que en su momento se aplicó para la transferencia de los fondos para educación, y que implicaba el giro de dinero a las gobernaciones de manera gradual y atado al cumplimiento de metas de gastos y responsabilidades. En este caso, las transferencias se harían a partir de metas vinculadas al déficit previsional (de especial importancia en Córdoba), endeudamiento provincial y obras de infraestructura. No se incluiría dinero para gasto administrativo y la idea es ir incrementando el dinero de giro a las provincias a partir de que avancen los ejercicios anuales.

Este último capítulo es clave para la estrategia de los Kirchner. Si se aprobara, en el mejor de los casos, en el segundo semestre del año, su aplicación comenzaría recién en el ejercicio 2011, con lo que este año el Gobierno ya no perdería recursos. Pero además, al ser un esquema de transferencias condicionadas al cumplimiento de metas graduales, el primer año de aplicación (2011) sería el de menor impacto. Los giros irían incrementándose paulatinamente desde 2012 en adelante, con lo que el grueso de la pérdida de fondos por parte de la Nación (y en consecuencia, de presión sobre las provincias) afectaría a la gestión que surja para suceder a Cristina de Kirchner. La actual Presidente, siguiendo esta lógica, no tendría pérdidas de ingresos y, con la ley aprobada, tendría cerrado un capítulo importante de conflicto con las gobernaciones.

No es lo que sucedería con el impuesto al cheque, de ser modificado, ya que el proyecto que avanza en el Congreso se basa en que el Ejecutivo pierda dinero (unos $ 10.000 millones anuales) con la aplicación inmediata de la ley. En otras palabras, los Kirchner accederían a que la Nación pierda más dinero con un proyecto global de coparticipación, pero cuando Cristina de Kirchner haya terminado, al menos, el actual período presidencial.