Gobierno escala pelea en ONU por reforma

Héctor Timerman

El Gobierno envió ayer a la Organización de Naciones Unidas nuevas protestas luego de que su relatora especial Gabriela Knaul reiterara cuestionamientos a la reforma judicial, y advirtió que podría iniciar acciones "para preservar el buen nombre y el honor" del país.

El escrito, firmado por Héctor Timerman, está dirigido al presidente del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, embajador Remigiusz Achilles Henczel, y denuncia "las transgresiones a los procedimientos" cometidos por Knaul.

Según señaló la nota, la conducta de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados en el Mundo "sería violatoria de los procedimientos y buenas prácticas que rigen dicha institución", por entender que Knaul formuló sus cuestionamientos anticipadamente, sin esperar la contestación oficial del Gobierno a un pedido de explicaciones que había presentado.

En la carta a Achilles Henczel, la Cancillería señala que el Gobierno contaba con "30 días" de plazo para responder a la especialista brasileña, que había requerido explicaciones sobre el paquete de leyes de reforma judicial que se debate en el Congreso por impulso de la Casa Rosada.

Por otra parte, Timerman se quejó de que Knaul haya reiterado sus críticas a la reforma judicial a través de medios de prensa argentinos.

En efecto, Knaul sostuvo que existe "un potencial riesgo de que se rompa la independencia" judicial si avanza en la Argentina la reforma impulsada por el Gobierno.

"La Justicia no es un órgano político", señaló en rechazo al proyecto de elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que se votará el próximo miércoles en el Senado.

En declaraciones radiales, la relatora advirtió ayer por la mañana: "¿Por qué hay una necesidad de hacer una vinculación de los miembros de la Justicia con los partidos políticos?".

Manifestó que "es necesario entender que la Justicia no es el Poder Ejecutivo" y sostuvo que aún no había recibido las respuestas ante la carta que le envió al Gobierno pidiéndole explicaciones, a pesar de que el Ejecutivo las giró el miércoles por la noche.

"¿Cuál es la garantía del ciudadano de acceder a un juez imparcial e independiente para decidir y juzgar cuando sus derechos sean violados?", expresó la relatora, que también cuestionó la regulación de las medidas cautelares contra el Estado.

Y, en este camino, rechazó los cuestionamientos del Gobierno argentino por su supuesta falta de "ecuanimidad" en el caso en cuestión, al señalar: "Mi mandato me obliga a llamar la atención a los gobiernos cuando hay un potencial riesgo de que se rompa la independencia del Poder Judicial. Si yo no hiciera lo que estoy haciendo, no estaría cumpliendo mi mandato".

En el texto, que llevó la firma del embajador Alberto Pedro D'Alotto, representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, el Gobierno subrayó que "los mecanismos establecidos constitucionalmente para la elección de los magistrados hoy vigentes no se modifican en absoluto".

"Por el contrario, con la reforma propiciada, se fortalecen y consolidan las condiciones para la elección de los jueces en base al mérito y la idoneidad", enfatizó.

No se trata sólo de declaraciones políticas.

La relatora recordó, a comienzos de la semana, que la Constitución argentina ha suscripto pactos internacionales de la ONU cuyas leyes se verían afectadas por la reforma que impulsa el kirchnerismo.

Esto último promete servir como eje argumental de los pedidos de amparo que gremios de jueces, abogados y empleados efectuarán contra el paquete de leyes que será aprobado por el Congreso.