El Gobierno espera poner hoy en la práctica el protocolo antipiquetes y evitar los cortes de calle para lo cual viene advirtiendo que le quitará los planes de ayuda social a los que participen de las manifestaciones. La Plaza de Mayo ya estaba vallada anoche ante la realización de la marcha de hoy. A la vez el ministerio de Seguridad porteño detalló las condiciones que espera que se cumplan. “No se podrá interrumpir el tránsito vehicular”, indicó la dependencia de la Ciudad, no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria y tampoco se permitirá el uso de palos o elementos contundentes. Tampoco podrá haber niños en las marchas. “Vamos a exigirle a las organizaciones sociales que no se movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando”, indicó el Gobierno de la Ciudad y dijo que “actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones”.
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Gobierno espera evitar hoy cortes de piqueteros en el centro porteño
Busca implementar protocolo de Patricia Bullrich. Manifestantes prometen movilización ordenada hacia la Plaza de Mayo.
Los piqueteros desafían, pero ayer pidieron una reunión con el ministro de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff para buscar la manera de evitar incidentes, inclusive temen por la posibilidad de infiltrados para provocar desmanes. La Ciudad y la Nación mantuvieron reuniones para acordar cómo serán los operativos. Una de las medidas es controlar el paso desde la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, teniendo en cuenta que en territorio bonaerense no se aplicará ningún protocolo. El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco dijo que “debe haber cierto orden” en la manifestación pero aclaró que “ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes” (ver página 14). La Policía de la Ciudad, la Federal, Gendarmería y Prefectura participarán de los operativos que se implementen. Buscarán disuadir pero podrían también requisar a los manifestantes que ingresen a la Ciudad.
Desde el Polo Obrero, Eduardo Belliboni, explicó que no irán en micros sino en el transporte público y buscarán la manera de acordar con la Ciudad una suerte de acompañamiento a la manifestación que prometen que buscarán que sea ordenada y pacífica y a la vez responsabilizó al Gobierno si ocurriera algún incidente.
La marcha está citada para las cuatro de la tarde en Congreso para dirigirse hacia la Plaza de Mayo. Los organizadores calculan la participación de 50 mil personas, una cifra que de por sí complicaría la posibilidad de ocupar solamente las veredas para manifestarse. La convocatoria la realizan principalmente organizaciones sociales de izquierda que integran el bloque de Unidad Piquetera (UP) para movilizarse “contra el ajuste económico”.
“Esta es la primera movilización, no los vamos a dejar ajustar”, aseguró Belliboni y dijo que “seremos miles de trabajadores. Lo de Caputo es un golpe a los trabajadores”.
Ollas populares
Agrupaciones como UTEP, Libres del Sur y FOL, en cambio convocaron a una “jornada nacional de asambleas y ollas populares” para este viernes “a lo largo y ancho del país” y realizarían este jueves un “feriazo” en la Plaza del Congreso.
“Tras conocerse las amenazas de la ministra de Capital Humano (Sandra Pettovello) contra quienes nos movilicemos y ejercemos el derecho a la protesta, numerosas organizaciones sociales nos convocamos para el jueves en el Congreso y el viernes en asambleas y ollas populares en todo el país”, confirmaron desde la UTEP.
Hoy mismo, antes de la llegada prevista a la Plaza de Mayo, alrededor de las 16.30, la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País (Cgjrpamp) convocó a un acto en la Pirámide de Mayo para “recordar el argentinazo”, indicaron en referencia a los episodios del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminaron con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.
Por otra parte la agrupación de Juan Grabois no marchará pero el dirigente participará de otra manera. Según lo explicó formará una comisión “veedora” en la movilización con Nacho Levy, referente de Garganta Poderosa.
“Decidimos conformar una comisión permanente que oficiará como veedora de los derechos humanos, en esta manifestación y en todas las otras convocadas frente al ajuste criminal, por cualquier organismo o cualquier organización social”, informaron en un comunicado.
Grabois dijo que aunque “ni el partido Patria Grande, ni La Poderosa, ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ni la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)” convocan a la marcha sino que allí van a estar como “personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos”.
“Sosteniendo una guardia de derechos e información, con nuestros propios ojos, nuestros equipos de abogados y nuestros comunicadores desplegados por toda la ciudad, protegiendo la integridad de los manifestantes, salvaguardando sus derechos ciudadanos, registrando eventuales delitos de las Fuerzas y efectuando las denuncias correspondientes”, aseguraron.
“Quieren al piquete bien lejos de la cacerola, para que la lucha no sea una sola, pero ya nos aprendimos esta coartada. Y al final del túnel no hay nada, todo está oscuro del otro lado, ni dólar, ni futuro, ni asado”, expresaron.
Por otra parte se sumaron denuncias contra el protocolo de Patricia Bullrich, por parte de organizaciones sociales y referentes de organismos de derechos humanos como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Los recursos judiciales buscan que el Gobierno “deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo de orden público o bien la Justicia lo suspenda. La izquierda ya había presentado esta semana una petición en el mismo sentido.
Por otra parte, el Gobierno habilitó en forma gratuita una vía para denuncias anónimas que para que puedan utilizarla beneficiarios de planes sociales. Es la línea telefónica 134 para “denunciar a intermediarios” de organizaciones que los amenacen o intenten forzarlos a concurrir a manifestaciones.
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