Gobierno formalizó ahorro interno y frena ingresos al Estado

Busca mostrar austeridad y reducir gastos hasta fin de año en personal, viáticos y flota de autos oficiales. Ahorro deberá ser de $25.000 millones.

Nicolás Dujovne

Con una extensa redacción de considerandos sobre la necesidad de ahorrar en la administración pública, el Gobierno publicó ayer el decreto que dispone medidas hasta el fin de 2019, entre ellas el cierre de ingresos de personal a la planta permanente del Estado. Las disposiciones, para lograr de aquí a fin de año menos gastos y en medio del debate del Presupuesto 2019.

La norma que firmaron Mauricio Macri, el ministro de Modernización Andrés Ibarra, Marcos Peña y Nicolás Dujovne sostiene que "la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos" y que "la asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos". Así presenta "diversas acciones" para "una Administración Pública más eficiente y eficaz".

Como primera medida, sostiene que no habrá nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción "de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas". Luego hacer una referencia a otras excepciones en función de coberturas que no puedan postergarse "por su especificidad técnica" (por ejemplo en establecimientos hospitalarios), entre otros, como "las designaciones en la planta permanente que sean el resultado de procesos de selección efectuados únicamente por convocatorias internas, dispuestas con el fin de normalizar las plantas de personal".

Anula también la modalidad de contratos con Universidades u otras instituciones de enseñanza pública pero deja los actuales vigentes hasta el 1 de enero de 2019.

A su vez los distintos organismo del Estado y dentro de la administración pública deberán informar acerca de los premios y bonificaciones que otorgan pero no podrán incorporar nuevos . Como parte del ajuste, el decreto recuerda que en 2016 se aprobó un "Régimen de viáticos, alojamiento y pasajes" y que las reparticiones deben informar en el plazo de 30 días de la entrada en vigencia del decreto, al Ministerio de Modernización, un informe que demuestre que se aplica esa norma y que su vez contemple un ahorro del 30% para lo que resta del año.

Otra medida, permite que únicamente funcionarios con rango de ministros "o superior" pueden hacer viajes oficiales en clase ejecutiva y con rango de secretarios, cuando los vuelos sean de más de 8 horas y con una autorización previa.

El ahorro será también para las estructuras de entes descentralizados, para los cuales fija 60 días de plazo para que, "a través del titular del Ministerio del que dependa o en cuya órbita actúen", remitan a la Jefatura de Gabinete "un proyecto de optimización de su estructura organizativa".

La medida publicada en el Boletín Oficial impone también que " la Agencia de Administración de Bienes del Estado" haga un "relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y elabore un informe de la flota óptima de vehículos, a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad".

De esa manera también se suspenden los procesos de compra " o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso hasta la finalización del relevamiento", que debe hacerse en un plazo de 30 días.

Con las medidas dispuesta, que ya habían sido anticipadas pero ahora comienzan a ponerse en práctica, el Gobierno busca reducir 30% de los gastos de la administración pública de este año, unos u$s700 millones.

El Decreto incluye también que las diferentes reparticiones eleven informes al Ministerio de Modernización o, según el caso, a la propia Jefatura de Gabinete con planes de achique y, finaliza, invitando al Poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "a adoptar medidas similares a las establecidas en el presente decreto, en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones".