Gobierno insiste con la recusación contra Corte y reclama por “decoro”

Intenta que intervengan “conjueces”, algo que no iba a ocurrir. Zannini reclamó también que “se excusen” por el juicio político.

Carlos Zannini

El Gobierno amplió la recusación a los jueces de la Corte Suprema en la controversia por los fondos coparticipables redirigidos a la Ciudad de Buenos Aires, en una presentación en la que además pidió que por “decoro” los miembros del tribunal “se excusen de intervenir” en este planteo y que, en cambio, el caso sea resuelto por “conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país”.

Con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en esta ampliación de la recusación impulsada en diciembre último el Gobierno incorporó el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Dedicó parte de esta nueva presentación a la filtración de los supuestos chats con diálogos entre un colaborador de la Corte y el ministro porteño Marcelo D´Alessandro. “La existencia de ese tipo de vínculos entre un alto funcionario que asiste de manera próxima al Presidente del Tribunal (por Rosatti), y representantes políticos del Gobierno de la CABA -parte demandante en esta causa-, resultaba contraria a la prestación de un buen servicio de administración de justicia”, fundamentó la presentación. La Procuración del Tesoro remarcó que “tomaron estado público” y “dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal” y motivaron el pedido de juicio político en el Parlamento Nacional.

“Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso”, insistió el Ejecutivo en alusión a Rosatti.

A finales del año pasado, el presidente Alberto Fernández pidió la recusación de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti y el Gobierno presentó también un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que se destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la CABA.

Si bien la Corte no resolvió la cuestión de fondo en la discusión sobre las partidas coparticipables, avaló de todos modos una medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos establecía que los pagos de ese 2,95% se hicieran “en forma diaria y automática” desde el Banco de la Nación Argentina hacia el Estado porteño.

Ahora, el Gobierno reiteró su convicción de que los argumentos esgrimidos por la Corte -al hacer lugar a la medida cautelar planteada por CABA- constituyen un “anticipo de definiciones jurisdiccionales sobre el fondo de la cuestión debatida” y que, por ello, el máximo tribunal “no tendrá ya la objetividad necesaria para el ulterior tratamiento del caso”.

Además, el Gobierno presentó en esta ampliación un pedido para que los miembros del alto tribunal “se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional”. En ese sentido, advirtió que “existe un cuadro de situación de gravedad inédita, en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo tribunal”.

Por ese motivo, solicitó que se aplique lo establecido legalmente para casos de recusación de integrantes de la Corte Suprema. “Y si la integración no pudiera concretarse de tal modo se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar”, puntualizó el Gobierno en el escrito. Para este último escenario, la última lista de conjueces aprobada por el Senado fue a instancias del expresidente Mauricio Macri.