Gobierno tras milagro vaticano para cubrir vacante en Corte

Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey conversan a espaldas de Roberto Carlés, el candidato del oficialismo para cubrir una vacante en la Corte Suprema. Su eventual designación se votará el 15 de abril en el Senado.

 El oficialismo logró ayer emitir dictamen favorable al pliego propuesto por el Poder Ejecutivo para que el abogado Roberto Carlés integre la Corte Suprema de Justicia, en una audiencia pública en la que el postulante negó avalar al Gobierno actual, habló de maniobras malintencionadas en ese sentido y consideró que "hay quienes pretenden mostrarlo como alguien adicto o sumiso al poder saliente".

El pliego deberá ser debatido ahora en la sesión del 15 de abril del Senado, donde deberá contar con los dos tercios de los votos para ser aprobado, algo que le costará al oficialismo ya que la oposición ya adelantó que no prestará su aval. Tal vez, el presunto blindaje celestial que el papa Francisco le habría otorgado a Carlés no sea tal. El letrado es discípulo de Eugenio Raúl Zaffaroni, denunciado por un amigo aún más antiguo de Jorge Bergoglio, el legislador Gustavo Vera, por presunta explotación de departamentos para ejercicio ilegal de la prostitución.

Al defender ayer a mediodía ante la Comisión de Acuerdos del Senado su pliego, Carlés aseguró ante los senadores que "en los dos meses que han transcurrido desde la postulación no se han hecho públicas en ningún medio las críticas a funcionarios del Gobierno nacional que ha formulado y que -dijo- no han sido pocas".

Respecto de declaraciones que le endilgaron haber efectuado a través de las redes sociales antes de ser nominado, Carlés negó haberlas hecho, afirmó que ha realizado "críticas a funcionarios y a políticas de distintos gobiernos" y que "hay gente que se dedica a fraguar" dichos en esos medios de comunicación.

Ante una consulta del senador radical Mario Cimadevilla sobre si alguna vez había presentado un recurso extraordinario, el letrado admitió nunca haberlo hecho. Además aseveró que "es plausible considerar que hay sectores de la Justicia que pueden llegar a ser más o menos permeables a determinados intereses", dijo que "es una realidad que existe" que "hay que subsanar" y que no está en condiciones de "hacer nombres".

Carlés ratificó su independencia respecto de otros poderes del Estado, dijo que "son falsas" sus supuestas militancias en agrupaciones políticas o judiciales y que sólo ha militado a los 18 años en la UCR y, tiempo más tarde, en el ARI de Elisa Carrió.

En otro orden, consideró que los jueces, "como cualquier ciudadano", deben pagar el Impuesto a las Ganancias ya que se trata de "una acordada de 1996" y porque, de lo contrario, "sería lo mismo que admitir que no paguen la luz, el agua o el gas".

También explicó que "es necesario diferenciar la situación de los jueces y funcionarios respecto de los empleados del Poder Judicial. Esta acordada ya tiene 19 años, y lo que deberían haber pagado hoy forma parte de su salario" por lo que "obligarlos a pagar de un día para el otro será injusto" así que "por lo menos para los empleados debería verse con los sindicatos el mecanismo para el pago".

Afirmó, por otra parte, que "habría que facilitar el funcionamiento interno" del máximo tribunal y "hacerlo mucho más ágil" y se mostró contrario a la posibilidad de "atenuar el ingreso de causas" y ejemplificó en ese sentido mecanismos como la fijación de plazos para la circulación de los expedientes y fijar una audiencia anual pública mediante la cual se determine qué casos deben resolverse en el curso del año.

Carlés confirmó además en la audiencia que presta servicios para el Senado como asesor jurídico en el sector de Obras y Servicios Generales desde enero de 2012 gracias a una designación de Amado Boudou. Entre las impugnaciones, que motivaron un reto del jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, para el público que comenzó a aplaudirlas, figuran las de las exdiputadas Marcela Durrieu (suegra de Sergio Massa), Fernanda Gil Lozano (Frente Renovador) y María Luisa Storani (UCR), y la de la diputada nacional Laura Alonso (Unión PRO), así como la de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Algunos de los cuestionamientos expresados en contra de Carlés están vinculados al hecho de que con su designación no se garantiza el cupo femenino en la Corte Suprema, a su "falta de independencia y capacidad técnica", a su "afinidad con el partido de Gobierno" y a "faltar a la verdad" en su currículum vitae.