La transferencia de fondos desde el Estado a empresas del sector privado, lejos de controlarse, se multiplicó 10 veces desde 2005 hasta la fecha. En ese momento los recursos, subisidios y promociones sumaban $ 3.350 millones y en el período se elevaron a $ 31.000 millones. El proceso involucra así una política continua de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner al mismo tiempo.
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Pero el número final de la asistencia a empresas desde el Estado, sin calcular aún las inversiones y préstamos que ya realizó la ANSES con los fondos recibidos de las cuentas de capitalización, se eleva aún más. De acuerdo con la ejecución del Presupuesto Nacional 2009 y a un informe del diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano, hasta 2009 entre regímenes promocionales, subsidios y préstamos el Estado transfirió al sector empresario más concentrado un total de $ 41.212,3 millones.
De acuerdo con el mismo informe, para 2009 se prevé un gasto por esos rubros de $ 35.258,8 millones, dentro de los cuales sobresalen los pagos de subsidios al sector energético y al transporte (son los rubros que se llevan el mayor porcentaje de transferencias al sector privado), de acuerdo con el informe sobre «el costo de los regímenes de promoción económica en la Argentina»
Volumen
Lozano denunció que «desde 2005 hasta 2008 se terminó de completar el cuadro de drenaje de recursos públicos con objeto a financiar al capital privado concentrado, el esquema de subsidios y préstamos a sectores económicos que realiza la Administración Nacional».
De ahí la multiplicación por 10 del traspaso de fondos a empresas privadas por parte del Gobierno en-tre 2005 y 2008: «Eran en 2005 una suma de $ 3.353,8 millones y al 2008 se eje-cutaron $ 30.986,3 millones».
Otro punto es el costo de los regímenes de promoción industrial y agropecuaria en todo el país. De acuerdo con la Secretaría de Industria durante la vigencia de los 6 llamados a concursos para el acceso a los beneficios impositivos de la 25.924, se promocionaron 125 proyectos de inversión desarrollados por 93 empresas privadas (algunas con más de un proyecto) con un costo fiscal de $ 1.800 millones, que generaron 7.800 puestos de trabajo.
De acuerdo con el informe, apenas 15 de estos proyectos concentran el 83% de los recursos fiscales promocionales y una sola firma (Aluar) se lleva el 53%. Para 2009, se fijó un cupo fiscal de hasta $ 1.200 millones para las empresas que accedan a este régimen. En cuanto a las proyecciones del Presupuesto Nacional 2009, en materia de Regímenes de Promoción Económica, el Estado prevé dejar de recaudar $ 4.753.6 millones en materia de gasto tributario.
Promoción
Se trata de una cifra que no tiene en cuenta el costo por el Régimen de Promoción de Inversio-nes en bienes de capital y obras de infraestructura creado por la Ley 26.360, una continuación de la conocida Ley Techint.
Según el trabajo de Lozano, la mayor concentración económica que la Argentina registra dentro de los años con un crecimiento de la economía que rondó el 8%, ha estado siempre relacionada con la intervención del Estado y no siempre para nacionalizar empresas sino, por el contrario, transferir fondos para su asistencia.
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