Hasta ahora, las empresas se limitan a remitirle información al equipo del negociador designado por el Gobierno, el poderoso viceministro de Economía, Axel Kicillof. La última vez que este funcionario se vio las caras con los empresarios del sector eléctrico fue en agosto; allí les pidió tiempo hasta al menos fin de año, porque -explicó- toda su gente estaba abocada a la elaboración del Presupuesto Nacional y a su posterior defensa en el ámbito parlamentario.
Desde entonces, su gente se limita a pedir planillas de Exxel con datos económico-financieros que van desde la masa salarial hasta los planes de inversión. Pero los empresarios tienen cada vez más claro que no habrá novedades hasta enero, por lo menos.
La solución para el sector parece no tener demasiadas alternativas, que se limitarían a tres opciones:
La solución momentánea que encontraron las partes es que las dos distribuidoras eléctricas (a las que se suman las de casi todo el país, como la bonaerense Edelap) es dejar de pagar en parte (en buena parte) la electricidad que les entrega Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) para su distribución. Dado que se trata de una empresa del Estado, el Gobierno optó por hacer la vista gorda a los impagos de las distribuidoras, y permitirles que se «autosubsidien»: o sea, pagar las cuentas (salarios, proveedores, etc.) con lo que no le abonan a Cammesa. Hasta cuánto puede durar esta emergencia es un intríngulis que nadie parece en condiciones hoy de responder. Esta semana, Edenor entró en default con su proveedora de electricidad, y Edesur había pedido en julio un plan de pagos por $ 214 millones que está cumpliendo en forma parcial.
Tarifa social
La solución política que le sugirieron los empresarios a Kicillof data de al menos tres años: la aplicación de una «tarifa social», que mantendría los subsidios a los sectores de menores recursos e incrementaría aún más las tarifas en los barrios más acomodados en los que, además, habitan quienes en casi ningún caso votarían por las listas oficiales en comicios presidenciales o legislativos. Hasta ahora, esa propuesta no habría sido elevada a la presidente Cristina de Kirchner.
Cabe recordar que los aumentos (algunos de ellos, muy significativos) que se aplicaron al cuadro tarifario eléctrico en la etapa de la «sintonía fina» anunciada por la Presidente representan suma cero para las empresas: lo que pagan de más los abonados equivale a lo que las distribuidoras dejaron de percibir por la eliminación de subsidios oficiales. Es obvio que, para sacarlas de la crisis, hará falta un nuevo retoque de precios o el restablecimiento de los aportes del Tesoro.
Finalmente, como para que el cuadro se complique más aún, el gremio de Luz y Fuerza que encabeza el «gordo» Oscar Lescano -alineado en la denominada CGT Balcarce- reclama el cumplimiento de un compromiso firmado con el Gobierno hace varios meses: una suma fija de $ 2.000 para todos y cada uno de sus 5.000 afiliados. Hace algunos días, Kicillof le pidió a Lescano el mismo plazo que les solicitó a las empresas: hasta fin de año, para poder hacer frente a esa erogación. La cuenta es sencilla: serán $ 10.000 millones que las empresas no tienen y al Estado tampoco le sobran.
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