Gobierno prepara desembarco en el mercado de granos

La avanzada oficial para intervenir en el mercado de granos continuará develándose esta semana. El Gobierno tiene previsto acercar detalles a la dirigencia rural en la reunión que mantendrán mañana (ver aparte), poniendo énfasis en que la creación de una Agencia de Comercialización desplazará definitivamente a las retenciones del centro de la discusión. Además mencionó que no se está hablando de la estatización del sistema de comercio de granos, sino de la aparición de un nuevo y poderoso actor (estatal) en un universo hoy dominado por firmas multinacionales. El objetivo manifestado es la regulación de precios en el mercado interno, en tanto que se estará dando lugar a mayores controles sobre el sector.
Los portavoces del Gobierno defenderán una idea que no convence en lo más mínimo al grueso del sector agropecuario, que la semana pasada a través de diversas declaraciones repudió de antemano el proyecto y denunció el regreso de la Junta Nacional de Granos o el peronista Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).
El Gobierno acentuará las características que ya han hecho trascender por medio de la prensa oficialista: que se creará un organismo «moderno, del siglo XXI», tomando ejemplos ya vigentes en países desarrollados como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos; y que las empresas que actualmente operan en el mercado podrán seguir haciéndolo.
Pero lo harán compartiendo espacio con una Agencia de Comercialización nacional, nuevo y gigantesco actor, que está previsto que actúe en las instancias de compra, acopio y venta de los principales granos (soja, girasol, trigo y maíz). De concretarse esta intención, desaparecerán las polémicas retenciones y el Estado se encargará de la exportación de granos junto -y controlando de cerca- a las empresas de capitales extranjeros que hoy ocupan el sector (Dreyfus, Car-gill, Molinos, Aceitera General Deheza, Bunge, AGD).
El objetivo que proclama el Estado es desacoplar la provisión de alimentos con destino al mercado interno de los vaivenes de los mercados internacionales. En parte, esta meta es actualmente perseguida por el sistema de compensaciones, muy criticado por los productores ya que los pagos sufren serias demoras y, en rigor, es la industria el eslabón más beneficiado por estos subsidios.
Los argumentos del Gobierno apuntan a que la aparición del Estado equilibrará los precios de los productos agrícolas e impedirá que las grandes exportadoras generen esquemas como el que se da con las retenciones a la exportación, carga impositiva que termina recayendo en el precio que se le paga al productor.
El nuevo organismo oficial será dirigido por el Poder Ejecutivo y tendrá un directorio en el cual participarían el sector privado, donde se incluiría a las entidades del agro. La agencia tendrá amplias atribuciones, ya que no sólo se ocupará de la compra, acopio y venta de granos, sino que también tendrá poder de policía, aplicando multas en casos de irregularidades como prácticas desleales o monopólicas (se supone que éstas son obligaciones que el Estado ya tiene en la actualidad). Además, se encargaría de generar estímulos a la producción, en tanto que también controlaría por medio de una base de datos y satélites el avance de siembras, cosechas, almacenamiento y comercialización.
En condiciones normales, la creación de una entidad como esta agencia oficial debería atravesar el difícil escollo del Congreso, aunque Cristina de Kirchner podría apelar a un Decreto de Necesidad y Urgencia para allanar el camino: esta vía ya fue utilizada en la última reforma de la Ley de Ministerios. La idea oficial retoma otras contenidas en proyectos de ley de los diputados Alberto Cantero Gutiérrez (FpV) y Eduardo Macaluse. El primero de estos dos, titular de la comisión de Agricultura, propuso en 2007 la generación de un Ente Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario (Enpyccaa).