Gobierno también lanza en Justicia la ‘‘batalla cultural’’

Julio Alak, Eugenio Zaffaroni

El Gobierno ya decidió que el ámbito de la información jurisprudencial y la doctrina jurídica sean nuevos frentes para librar una «batalla cultural». Así lo explicó el pasado martes el secretario de Justicia, Julián Álvarez. El escenario fue el auditorio del Banco Nación y la excusa era presentar las primeras revistas de la editorial de Infojus (sistema de información judicial). Lo escuchaban jueces, magistrados, abogados y catedráticos del derecho. Del acto también participaron el ministro Julio Alak y el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Tanto antes como después de la pre-sentación tuvieron lugar conciliábulos de todo tipo en los cuales se pudo saber más sobre los planes del kirchnerismo.

Álvarez está convencido, al igual que el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, de que el Estado debería tener un rol protagónico en cuanto a la difusión de la doctrina jurídica y de la información judicial, un terreno históricamente dominado por empresas privadas como La Ley, El Derecho y Errepar, entre otras. Es el mismo análisis que hace su amigo Eduardo «Wado» De Pedro, abogado, actual diputado nacional y, por estos días, un habitué en distintas tertulias sobre el tema que tienen lugar en Olivos.

«El poder y el saber son dos caras de la misma moneda; estas revistas serán también un medio de comunicación del Estado en el marco de una batalla cultural donde el Gobierno debe recuperar terreno», expresó Álvarez la semana pasada. Entre los autores convocados se encuentran hombres de buena sintonía con el oficialismo como Eduardo Barcesat, Arístides Corti y Alejandro Slokar. La idea es que las revistas sean trimestrales.

El Gobierno incursionará en un terreno sensible. El material de doctrina, al igual que la jurisprudencia, es considerado fuente del derecho, con lo cual puede servir de base para justificar fallos y sentencias. Para el kirchnerismo, éste es el eje de la «batalla» que debe librar, o sea, impedir que la generación de artículos y documentos sea exclusiva de los actores privados.

Dolores de cabeza

Para distintos funcionarios del oficialismo, en especial los que comulgan con La Cámpora, la Justicia es una corporación con la que el Gobierno también se debe medir y que le suele traer más de un dolor de cabeza en temas sensibles, como por ejemplo la nueva ley de radiodifusión.

Una de las tesis de Álvarez con la cual Zannini no estaría de acuerdo es que el lenguage de los textos judiciales es lejano a la sociedad y que el Gobierno debe impulsar publicaciones con un lenguage más cercano a la «gente común».

No son sólo palabras e ideas. En el Consejo de la Magistratura se estudia rescindir los contratos con las firmas privadas que prestan servios al poder judicial. Se trata de un negocio de ocho millones de pesos por año. En el cuerpo colegiado ya aseguran que el último día de prestaciones será el previo al inicio de la feria judicial. Todavía no se sabe qué postura asumirá la Corte Suprema, cuyos recursos son independientes de todo el poder judicial, aunque hasta el momento no ha dado signos de terminar con la relación.

Las firmas referentes de este mercado afirman estar estudiando la situación, aunque anticipan que su negocio sigue siendo viable, especialmente porque al sistema de información jurisprudencial del Estado le falta una mayor sistematización y una mayor cantidad de documentos, aunque Alak sostiene que ya se encuentran cargados unos 800.000 de acceso gratuito. Según estiman, sus principales clientes siguen siendo los estudios privados y las grandes empresas.