Gobierno, con votos justos para Ley de Abastecimiento

Amado Boudou, Mario Negri y Miguel Pichetto

El Senado arrancará hoy con el tramo menos conflictivo del proyecto de Cristina de Kirchner que modifica la Ley de Defensa del Consumidor y la antigua Ley de Abastecimiento. En un plenario de comisiones se discutirá la creación de un fuero judicial específico para ventilar los conflictos entre el comercio y los consumidores. En los hechos es el proyecto más simple de los tres que el Gobierno envió al Congreso, políticamente hablando, pero al kirchnerismo ya le trae dolores de cabeza.

El bloque oficialista trabajó todo el fin de semana para garantizarse quórum propio en el plenario de comisiones que arrancará hoy a las 17 en el Salón Azul del Senado.

No fue fácil. Los senadores kirchneristas ya comienzan a dar muestras del cansancio por las batallas de esta era. La última pelea con la oposición en el recinto el día del regreso a la presidencia de Amado Boudou no fue gratis y sumó al cansancio general de un grupo que, en muchos casos, está en campaña y debe renovar banca y no tiene aún una lista nacional que traccione su candidatura. La presión y la falta de definición de muchos gobernadores que esperan señales de Cristina de Kirchner sobre cómo seguir en 2015 con un horizonte económicamente cada vez más complicado tampoco ayudan.

El problema entonces no es menor. Hoy llegará al Senado el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez para explicar el proyecto ante las comisiones de Derechos y Garantías, Justicia y Asuntos Penales, Industria y Comercio y Presupuesto y Hacienda. Si todo le sale bien a Miguel Pichetto habrá número para escucharlo y luego emitir el dictamen del proyecto. Los números, de todas formas, no serán holgados: el kirchnerismo debe reunir el quórum en soledad ya que toda la oposición rechazará el paquete de reformas denunciando un intento policial de intervenir en las empresas.

Pero una vez terminada esa tarea, los senadores tienen que armar la agenda para el debate de los otros dos proyectos de ley sobre defensa del consumidor. Son el que crea el observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios y el que fija el marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo.

Esos proyectos ya tienen el rechazo de la oposición, de las empresas, de algunas organizaciones de consumidores y hasta de oficialistas que a esta altura del Gobierno de Cristina de Kirchner ya dudan en seguir pagando costos políticos, como el de aprobar una ley intervencionista que no aportar mayores directivas sobre la inflación como problema de fondo.

La oposición, además, ya tiene pedidos múltiples de derogación de la Ley de Abastecimiento, como ayer ratificó el radical cordobés Mario Negri cuando le pidió al resto de los partidos "desacelerar las campañas electorales lanzadas y poner como prioridad acciones conjuntas para frenar estas locuras erráticas y peligrosas del Gobierno".

Junto con Álvarez se presentarán ante los senadores asociaciones de usuarios y consumidores. En ese proyecto se pide la "creación de mecanismos legales para que estén a disposición de los consumidores y usuarios para agilizar la resolución de conflictos en el marco de las relaciones de consumo".

,Así crea tres instrumentos: el Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo en la Secretaría de Comercio (Coprec); la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.

El Coprec es una instancia conciliatoria previa y gratuita para el consumidor, competente para dirimir los conflictos derivados de las relaciones de consumo, hasta cierta suma que no exceda los 55 salarios mínimos. Ese procedimiento de conciliación tendrá un plazo máximo de 30 días.

Es el tramo menos complicado para el debate de las reformas .Las peleas estarán lejos de las que se verán para el resto del paquete donde ni el propio kirchnerismo puede garantizar el apoyo político pleno.

La UIA abundó en la cuestión, al igual que AEA, al sentenciar que la nueva ley permitiría al Estado "fijar márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles mínimos y máximos de precios, incautar e incluso vender bienes o servicios escasos sin juicio de expropiación previo".

Dentro del mismo tema, pero en diferente andarivel, la oposición se reunirá hoy en la comisión de Legislación Penal de Diputados para intentar emitir un dictamen, sin demasiadas posibilidades de éxito en la votación en el recinto donde se pide "la derogación de la ley antiterrorista", según explicó el radical Mario Cimadevilla, aunque reconociendo que "sin el acompañamiento del oficialismo" no se avanza.

"Yo escucho hablar a los funcionarios del Gobierno que hablan de una quiebra inventada, pero si fuera así lo de la imprenta Donnelley, ya hay leyes que permiten penar a empresas que van a la quiebra de manera fraudulenta, así que nos parece que no es aplicable la ley antiterrorista en este caso", dijo ayer Cimadevilla.