Grandes diferencias con el Pacto Social del 73

El ministro de Economía, José Ber Gelbard, recibe al titular de la UCR, Ricardo Balbín, tras terminar de negociar el 30 de mayo de 1973 el Pacto Social previo a convocar a la Gran Paritaria Nacional.

Quienes tienen acceso al entorno presidencial reconocen ignorancia en cuanto a que haya algún equipo trabajando en la convocatoria del nuevo diálogo social lanzado ayer por Cristina de Kirchner. «Salvo algunas carpetas que le había acercado en su momento (Carlos) Tomada a Cristina, vinculadas a los casos alemán y español, no hay boceto todavía», señala una alta fuente del Gobierno. Incluso aquellos sobrevivientes que participaron del diseño del acuerdo celebrado en la gestión de Héctor Cámpora tampoco han sido convocados ni sondeados para aprovechar su experiencia.

Según la visión de reconocidos economistas ortodoxos y heterodoxos, una de las grandes falencias que tiene el binomio Kirchner para encarar esta empresa es la falta de un nutrido grupo de profesionales y técnicos, que estén a la altura de las circunstancias. Los memoriosos destacan precisamente la capacidad e idoneidad profesional de los equipos que participaron en la elaboración del Acta de Compromiso Nacional, conocida como el Pacto Social de 1973, desde Orlando D'Adamo, Carlos Auyero, Augusto Conte McDonell, Enrique de Vedia, Carlos Leyba, y otros como Blasco Garma, Raúl Fernández, Perea y los Magliano.

«Hoy en día no hay en el Gobierno profesionales de ese calibre», sostienen y «tampoco vemos que la CEPAL, por ejemplo, esté comprometiendo asistencia técnica como lo hizo en los 70», agregan estos economistas.

La dimensión de lo que hay que pergeñar no debería estar circunscripto a una mesa chica, como tienen acostumbrado los Kirchner. Esto es lo que genera dudas sobre el real alcance de lo que se quiere construir. Porque si se trata de una gran paritaria nacional, donde sólo se debatirían precios y salarios no hay tanto misterio. Pero ahora bien, «si la idea es discutir un programa de desarrollo para el país, eso es otra cosa», advierte Carlos Leyba, superviviente del Pacto del 73.

En realidad, estas inquietudes cuestionan la falta de representatividad de los que -según manifestaciones de la Presidente- aparecen ahora convocados, si se trata de debatir una estrategia de país.

«Hoy la UIA, la CGE, la CGT y los partidos políticos tienen menos peso -representatividad- que en los setenta, por ello el papel del Estado es más necesario que nunca para balancear los intereses en pugna», sostiene Leyba que cita un teorema de John Nash -Nobel de Economía 1994- que dice: si la representación de los actores es correcta, la cooperación es mejor que la pelea.

En aquellos años, la CGT era comandada por «Las 62» (los metalúrgicos de Ignacio Rucci) que tenían un interés real en privilegiar y defender la industria nacional y el mercado interno. Hoy, Hugo Moyano, que parece tener el problema salarial resuelto (sus ingresos superan a los del resto), le es prácticamente indiferente entre distribuir productos locales o importados. Claro que, para el lanzamiento de un pacto sería más flexible -salarialmente- un Moyano que tiene salarios más adelantados que un metalúrgico como Antonio Caló.

Además, lo más grave es que con un nivel de informalidad laboral de casi el 45% hoy se cuestiona ¿a quién representa la CGT?

Tampoco existen grandes partidos políticos como en los 70, sino que hoy hay algunos líderes políticos.

En el caso de la UIA, quedaron unos pocos empresarios nacionales. Las grandes compañías están en manos extranjeras. Antes, muchas de ellas eran propiedad del Estado.

La última vez que Kirchner se refirió al Pacto Social incluyó la palabra inversión al menú, además de salarios y precios, por lo que estaría pensando en ampliar el debate hacia un proyecto nacional. En ese caso ¿cuál sería el rol de las multinacionales en discutir la estrategia de crecimiento de la Argentina?

También es hoy otra la industria. En aquellos años el entramado industrial era mayor. «Se producían cinco veces más autos que hoy, porque aquellos tenían el 90% de componentes nacionales y hoy tienen el 30% de integración local», sostiene Leyba.

El lanzamiento de un Pacto Social al estilo del pergeñado en los 70 parece ser la esperanzadora movida del Gobierno de Cristina de Kirchner que guiará los lineamientos del resto de su administración. El espejo escogido, por convencimiento ideológico y romanticismo setentista, es el acuerdo multisectorial de 1973 más que el modelo español de La Moncloa, que fue un pacto político.

El acta que finalmente terminó siendo refrendada en 1973 por el más amplio espectro político, económico y social de aquel entonces (Federación Agraria, 62 Organizaciones, CGT, CGE, UIA y todos los partidos políticos menos el Comunista y el liberal de Álvaro Alsogaray, y la Tendencia -Montoneros-) nació de un trabajo previo entre la CGT y la CGE donde surgieron una serie de coincidencias programáticas. El paso previo fue la convocatoria del líder radical Ricardo Balbín a la Hora de los Pueblos. De allí nace la Multipartidaria donde estaban representados todos los partidos políticos mayoritarios. El acta perseguía mejorar la distribución del ingreso -a favor de los asalariados- y frenar la inflación. Se fijó un aumento salarial del 20% promedio y se suspendieron las paritarias por dos años, se congelaron los precios también por dos años (inflación cero) entre otras medidas (ajuste progresivo de tarifas, precios y tasas de interés máximas).

El resultado primario fue auspicioso: logró mejorar la distribución del ingreso donde la participación de los asalariados llegó al 48%, la economía alcanzó pleno empleo (desempleo del 3% y pobreza del 5%), bajó la inflación del 60% al 24%, la economía creció casi un 6%. Pero sobrevino el shock petrolero y junto con las presiones políticas y económicas internas (Perón había fallecido y fue el advenimiento de López Rega con Isabel Martínez presidenta) comenzó la debacle que finalizaría en el ajuste del Rodrigazo al estallar la inflación reprimida.

Según Carteco el «problema central del pacto fue la inconsistencia entre la política fiscal y monetaria expansiva y el objetivo antiinflacionario que perseguía». En 1975 la emisión monetaria creció un 226% interanual, el déficit público se duplicó a casi el 7% del PBI, los salarios aumentaron el 172%. «Con estos números se entienden perfectamente los resultados finales del pacto: el PBI cayó un 0,4% y la inflación trepó al 183%», señala Carteco.

Al parecer, Cristina de Kirchner se inclina más hacia el modelo germano. Primero vale mencionar que desde la posguerra, en las grandes empresas alemanas existe la cogestión. Pero el punto más llamativo está en la relación implícita de los sindicatos y el banco central (Bundesbank): por un lado los gremios promovían una política salarial respetuosa con el principio de estabilidad de la moneda, un axioma de toda la sociedad alemana tras la pulverización del marco en los años 20; por otro, el Bundesbank reconocía el derecho sindical a aumentos de salarios reales como reparto de la riqueza nacional.