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Grave: Macri pagó operativo de Bonadío

Disposición
El juez Bonadío dejó el procedimiento en manos de la Metropolitana y no requirió los fondos del Poder Judicial. Ésta es una táctica habitual en la mayoría de los jueces federales que dejan los aspectos logísticos en manos de las fuerzas que utilizan. A nivel nacional, sólo pueden ser tres: la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El accionar de una fuerza de naturaleza municipal en un procedimiento federal abre interrogantes sobre las nociones en materia de seguridad que ofrece uno de los principales candidatos a la presidencia.
La operación de reserva de traslados y alojamiento se realizó mediante la agencia de turismo Furlong Fox, firma de referencia en materia de viajes corporativos y organización de encuentros y seminarios. Anoche, consultadas por este diario, fuentes judiciales negaban en forma terminante que Bonadío haya solicitado pedido alguno para financiar el operativo del caso Hotesur. En realidad, debe decirse, aun si lo hubiera hecho, la posibilidad de que ese requerimiento sea aceptado es nula.
La de ayer fue una madrugada de inquietud en el entorno del jefe de Gobierno porque ya es casi seguro que en las próximas horas será denunciado por malversar fondos de los contribuyentes porteños.
Custodia
Cincuenta policías que deberían custodiar las calles de la Capital se encontraban realizando operaciones en Santa Cruz. Sencillamente inaudito en términos de gestión eficiente y transparencia institucional. La onda expansiva de ese vendaval, en plena campaña, incluirá al ministro de Justicia Guillermo Montenegro, al jefe de la Metropolitana Horacio Jiménez y al subjefe Ricardo Pedace.
Los efectivos de la Metropolitana viajaron en micro 2500 kilómetros. Fueron dos días de ida y otros dos de regreso. En Río Gallegos se alojaron en el hotel El Comercio. Allí debieron alquilar varios vehículos (autos y camionetas). Todas las gestiones del viaje se hicieron con Furlong Fox. Intervinieron, tal cual se desprende de comunicaciones por correo electrónico, la gerente Susana Germana y la ejecutiva de cuentas María Marcela Blanco.
Esta disposición del Gobierno de Macri se constituye en un contexto en el cual el propio Poder Judicial discute cómo ser más eficiente. Una cuestión que aparece en reiterados discursos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que tampoco recibió ningún tipo de consulta o información sobre una maniobra claramente signada por la ilegalidad y enmarcada en una campaña sucia que sólo tiene por finalidad lograr algún tipo de injerencia en la arena electoral.

