Gremios: más fondos en una ventanilla; menos en otra

Antonio Caló, Liliana Korenfeld

El Gobierno se apresta a presentar como una concesión para los gremios un subsidio adicional millonario que no le generará mayores costos. Se trata de unos 500 millones de pesos extra para el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que hasta el mes pasado repartió 2.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales y que, tal como anticipó este diario en julio pasado, Cristina de Kirchner ordenará liberar entre hoy y mañana en un acto con dirigentes. El desembolso, sin embargo, será prácticamente neutro para el Ejecutivo por la subejecución en la distribución de otro fondo, que cubre el valor de las prestaciones médicas más complejas.

En un principio, este diario consignó que el SUMA tendría un incremento del 40% para totalizar en los próximos doce meses $ 2.800 millones. Pero en las últimas semanas el Gobierno recalculó el monto y lo adecuó al promedio de las paritarias cerradas este año en el sector privado. Se prevé entonces que habrá entre 400 y 500 millones adicionales a los entregados entre agosto de 2012 y el mismo mes de este año, equivalentes a una suba del 20 al 25 por ciento.

El desembolso es producto de una extensa negociación que llevó adelante la superintendenta de Servicios de Salud (SSS), Liliana Korenfeld, con la cúpula de la CGT oficialista que encabeza Antonio Caló, y en particular con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el experto de la central en obras sociales. La renovación y el incremento previstos en el SUMA coinciden con la campaña del Frente para la Victoria para las legislativas de octubre y con la necesidad del Gobierno de encolumnar a los gremios afines y evitar posibles fugas hacia el espacio de Sergio Massa o incluso a la CGT disidente de Hugo Moyano.

Fuentes oficiales explicaron la mecánica que tendrá el subsidio y admitieron que no implicará una pérdida de fondos para el fisco. Es que en los nueve meses de este año el Gobierno repartió menos del 50% del presupuesto del Sistema Único de Reintegros (SUR) -el mecanismo con el que fue reemplazada la Administración de Programas Especiales (APE)- que les devuelve a las obras sociales el costo de los tratamientos y medicamentos más costosos.

El SUR cuenta con un presupuesto anual de $ 1.310 millones y, al actual ritmo, los funcionarios reconocieron que a fin de año habrá logrado ejecutar con suerte el 70 por ciento, es decir, algo más de 900 millones de pesos. Dicho de otra forma, los cerca de 500 millones que entregará el Ejecutivo a los gremios por el SUMA se verán compensados en buena medida con el remanente del SUR, que al no terminar de ejecutarse, volverá al capítulo de rentas generales del fisco.

De hecho, se trata de la nominación de cada fondo. Mientras los reintegros por tratamientos complejos forman parte del presupuesto anual -y, por lo tanto, pueden engrosar la recaudación en caso de no ser utilizados- el SUMA es un ítem extrapresupuestario que necesariamente es ejecutado cada mes, en cuotas de 175 millones de pesos que se reparten entre las obras sociales de acuerdo con el número de afiliados de cada una (el 80% del subsidio) y en partes iguales entre ellas (el 20% restante).

Cuando el Gobierno anunció el año pasado la creación del SUMA, lo hizo tras calcular el costo de una rebaja del 15% al 10% en la retención especial que la AFIP practica sobre los aportes de las obras sociales con destino al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que a su vez alimenta el pago de reintegros y que no dejó de crecer en los últimos años hasta acumular unos 20 mil millones de pesos.

En aquel momento, el valor era de $ 2.000 millones, y Cristina de Kirchner eligió otorgarlos como subsidio en lugar de rebaja impositiva, que era como se había negociado en un principio. La diferencia no es menor: mientras la baja de impuestos es automática y equitativa, el subsidio le permitió al Gobierno mantener a los sindicalistas atados a una negociación constante en un año electoral. El SUMA será, en definitiva, una devolución a los gremios de parte de lo que la AFIP recauda entre sus obras sociales, que reciben más fondos con cada aumento salarial pactado en paritarias.