• LEGISLADORES CARGAN AGENDA PARLAMENTARIA. • SENADO MIRA DE REOJO Y RECIÉN DEFINE EN JULIO LEYES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. El massismo pidió en Diputados una reunión en el recinto para desactivar el “dietazo”, pero el oficialismo buscaría adelantarse a ese encuentro para votar responsabilidad empresaria.
Sergio Massa
El Congreso pasó de ser una caja de resonancia "boba" pre-PASO, con zigzagueos de legisladores ante el dilema actividad versus siesta -y la posterior culpa ante críticas fuera del Parlamento-, a convertirse en un ring de campaña. Todo, en 48 horas, y con única terminal en la Cámara de Diputados.
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Ayer, Cambiemos logró un dictamen de mayoría del proyecto que establecerá un régimen de responsabilidad penal para delitos cometidos "por sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal" contra la administración pública.
El despacho se logró tras varias vueltas en el PRO -que marearon incluso a los legisladores de Cambiemos- y las explicaciones sobre "retoques" que dieron el martes último el ministro de Justicia, Germán Garavano; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ante el interbloque oficialista en Diputados.
Con poca ayuda de la oposición -FpV estuvo ausente y llegaron pocos massistas, alguno de la izquierda y un peronista-, el plenario de comisiones comandado por María Gabriela Burgos (UCR-Legislación Penal) y Daniel Lipovetzky (Legislación General) esperó media hora para iniciar la reunión con un tercio del quórum (lo permite el reglamento) y avanzaron con la iniciativa.
El proyecto, que apunta a cumplir con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene como punto más tirante el último artículo (37), que impondría que las personas jurídicas "podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz" por "hechos anteriores a la sanción de la presente ley".
Si la iniciativa llegase a buen puerto, esa negociación será llevada adelante por la Procuración del Tesoro y con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación. Es decir que, para esos casos, no intervendrá la Justicia penal, que sí se ocupará de quienes sean alcanzadas desde la sanción de la ley. Mientras tanto, el Gobierno continúa con el análisis de la constructora brasilera Odebrecht en la Argentina.
La intención -hasta anoche- del oficialismo es votar el proyecto el 28-6 en el recinto de Diputados. Esa estrategia podría virar en las próximas horas -o el lunes-, tras el pedido de sesión especial para el 22-6 que solicitó el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
El massismo quiere adelantarse al oficialismo y, en una clara jugada de campaña, debatir la estabilización de precios, la protección de víctimas de la inseguridad y la derogación del "dietazo" que activó el presidente de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó.
Anoche, en Cambiemos analizaban instaurar una guerra de sesiones especiales y sorprender a Massa con un encuentro en el recinto para el miércoles 21, y con responsabilidad empresarial como tema principal. También ingresaría al temario el endurecimiento de las excarcelaciones, entre otras cuestiones.
El FpV mira de costado la agenda que cargaron oficialismo y massismo, aunque no descartará el empuje de sus proyectos. En el Senado, más organizado, mirarán con paciencia la trifulca en Diputados y luego de la visita de Marcos Peña -el 28 de junio- definirán, acuerdo por medio, cuatro o cinco leyes importantes a votar en el segundo semestre del año.
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