Guerra sucia le cuesta 25 años de cárcel a Fujimori

Alberto Fujimori enfrenta a los fotógrafos tras escuchar la sentencia en su contra. La fuerza política que mantiene «el Chino» en amplios sectores sociales de Perú siembra dudas sobre si se verá obligado a cumplir los 25 años de condena.

Lima - El ex presidente Alberto Fujimori, protagonista central de la política de Perú en las últimas dos décadas, fue condenado ayer a 25 años de cárcel por la muerte de 25 personas durante la guerra sucia contra la guerrilla en los 90. La sentencia resulta un hecho inédito no sólo en Perú, sino en toda América, ya que nunca había sido condenado en el continente un ex presidente electo democráticamente por delitos de lesa humanidad.
Los jueces del tribunal determinaron que se demostró su «autoría mediata» en la ejecución de las matanzas conocidas como Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo paramilitar Colina (ver aparte).
La sala que procesó durante 16 meses al ex mandatario, que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y diezmó a dos movimientos guerrilleros de izquierda, Sendero Luminoso (maoísta) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (guevarista), dictaminó que deberá estar recluido hasta el 10 de febrero de 2032.
Sin embargo, el peso político de Fujimori no permite asegurar que «el Chino», como se lo conoce popularmente, quede recluido a largo plazo. Protagonista de una elogiada apertura, estabilización y modernización de la economía peruana, Fujimori sigue teniendo un núcleo duro de apoyo, especialmente en los sectores humildes, y un entramado partidario que presiona a su favor.
En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, Fujimori, de 70 años, podría salir en 2019 si accede a beneficios penitenciarios por buena conducta.
«Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político militar paralela a la que pregonaba públicamente, cuyo objetivo era la eliminación de los terroristas, decisión que se articulaba por medio de su asesor Vladimiro Montesinos Torres y del aparato organizado de poder que formó», indicó el tribunal en su veredicto.
El ex presidente, que ya tiene una condena de seis años de prisión por abuso de poder, tendrá que enfrentarse a otros cargos desde el 11 de mayo, el primero de ellos la entrega ilegal de u$s 15 millones como indemnización a Montesinos, el «monje negro» de su Gobierno. Es por ello que, mientras transcurren los procesos judiciales, el «Chino» seguirá alojado en la misma base policial en la que estuvo los últimos meses.
Tras el fallo, el mismo Fujimori adelantó que interpondrá un recurso de nulidad contra la sentencia, al tiempo que su hija Keiko Fujimori, una popular política que prometió indultarlo si gana la presidencia en las elecciones generales de 2011, afirmó que saldrá a las calles en apoyo a su padre.
La apelación será resuelta en otra sala de la Corte Suprema en unos cuatro o cinco meses, según abogados del caso.
«Muy grande es mi indignación de escuchar un fallo lleno de odio y de venganza», dijo Keiko Fujimori al salir de tribunal.
«Vamos a salir a las calles a expresar nuestro apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país, que lo salvó del terrorismo», agregó.
Cientos de partidarios de Fujimori, indignados detrás de una reja metálica a 200 metros de la sede policial donde se dictó la sentencia, criticaron la condena: «¡Chino, amigo, el pueblo está contigo!», gritaban.
En tanto, activistas de derechos humanos celebraban: «Estoy muy satisfecha, se hizo justicia», dijo Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas.
Los fiscales habían solicitado 30 años de prisión para Fujimori por los cargos de lesiones graves, homicidio calificado y secuestro bajo la modalidad de «autor mediato» o de ejercer el «dominio» sobre el escuadrón militar que ultimó a las víctimas por supuestamente ser guerrilleros.
El abogado de los deudos, Carlos Rivera, mostró su satisfacción por la condena y dijo que no procede en el futuro una amnistía para Fujimori debido al carácter de «lesa humanidad» que concluyó la sala de la Corte Suprema.
Además de la vigencia que tiene el fujimorismo como fuerza política, la sentencia también resulta un dato para el presidente Alan García, rival de Fujimori, pero un aliado soterrado según analistas locales, lo que quedó expresado en una acción conjunta en el Parlamento desde que el líder del APRA triunfó en 2006.
García también tiene en su contra denuncias por la matanza de cientos de presos rebeldes durante su primer Gobierno, entre 1985 y 1990, luego de una violenta incursión militar para sofocar un motín en el penal El Frontón. También por la muerte de hasta 90 campesinos a manos de militares. No se descarta que, en una arriesgada apuesta, García otorgue una amnistía a Fujimori.
«Esta sentencia marca realmente un precedente sobre la responsabilidad de los jefes de Estado y se abriría la posibilidad de aplicarlo en el caso de El Frontón», dijo el abogado Rivera al ser consultado sobre el tema.
Aunque la guerra interna en Perú dejó unos 69.000 muertos y desaparecidos, nunca se procesó a los presidentes por crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Representantes de organismos internacionales calificaron el fallo de «hito» en la lucha contra la impunidad.
Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, se refugió en Tokio amparado en su doble nacionalidad y cinco años después llegó a Chile, donde permaneció hasta setiembre de 2007, cuando fue extraditado a Perú.
Agencia Reuters, EFE, AFP y DPA