Bogotá - Hombre de la dinastía periodística propietaria del diario El Tiempo, el ministro renunciante, Juan Manuel Santos, se ha configurado en la única figura capaz de sobresalir en el firmamento del oficialismo colombiano con cierta autonomía de la figura estelar, el presidente Alvaro Uribe.
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El ministro renunciante es un economista y administrador de empresas de 57 años, con varias especializaciones en el exterior, que en el pasado influyeron para que fuera nombrado ministro de Comercio Exterior y de Hacienda Pública.
Es además primo del actual vicepresidente, Francisco Santos. La familia dueña de El Tiempo, de origen liberal (no conservador) pero en la actualidad con varias vertientes políticas en su seno, es además dueña de un canal privado de televisión en Bogotá y de una editorial, entre otros negocios.
En 2002, después de que su primo Francisco saltó también del periodismo a la política como vicepresidente de Uribe, el ahora ex ministro decidió abandonar el liberalismo y crear el partido de la U (Social de la Unidad Nacional, derecha), que en las legislativas de 2006 se convirtió en el más fuerte de la coalición.
Durante la gestión de Santos, la fuerza pública asestó golpes contundentes a las FARC y al narcotráfico, como la muerte de Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, ataque que desató una grave crisis regional, y la de Iván Ríos, también dirigente de esa organización.
Rehenes liberados
En julio de ese año recuperaron la libertad 15 rehenes en poder de las FARC, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadounidenses, en lo que según la versión gubernamental fue una operación de inteligencia que engañó a los guerrilleros que los custodiaban. Asimismo, fueron arrestados los presuntos narcotraficantes Diego León Montoya («Don Diego»), Miguel Angel Mejía Múnera y Daniel Rendón.
La gestión de Uribe padece la sombra de la parapolítica, escándalo de los vínculos directos con los paramilitares de ultraderecha que implica mucho más al mandatario que a su ministro saliente. Sin embargo, los procedimientos militares contra la guerrilla siguieron siendo cuestionados durante la gestión Santos por organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros.
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