Habrá duras sanciones a los paraísos fiscales

 Londres - El G-20 se comprometió ayer a «actuar» contra los paraísos fiscales y pidió a la OCDE que los identifique, para luego trabajar en la desaparición del secreto bancario. Prometió, además, sanciones a aquellos que no comparten información impositiva. La «lista negra», publicada ayer en la web de la organización, menciona sólo a cuatro países como paraísos fiscales, pero no incluye las jurisdicciones más conocidas, gracias a que flexibilizaron
sus legislaciones últimamente, bajo la presión internacional.
Los Estados señalados son Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas, que, según la OCDE, nunca se han comprometido a respetar las normas internacionales en materia fiscal.
Los centros financieros sobre los que pesan más acusaciones de evasión fiscal, y sobre los que el G-20 decidió poner la lupa durante la reunión de Londres, figuran en una segunda lista que reagrupa a los Estados que se comprometieron a respetar las reglas de la OCDE, pero no las aplicaron «sustancialmente».
En esta lista «gris» son 38 los mencionados, entre ellos, Chile, Guatemala, Mónaco, Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo.
Durante las últimas semanas, varios Estados que estaban en la mira de la comunidad internacional dieron muestras de buena voluntad para eludir la lista «reactualizada» que venían reclamando los grandes países.
Según un alto funcionario estadounidense, China y Francia mantuvieron fuertes discusiones en la Cumbre del G-20 sobre la decisión de dar a conocer la lista de los paraísos fiscales, ya que Pekín temía que se incluyese en ella a Macao y a Hong Kong. De hecho, antes de que la OCDE publicara on line la lista, fue un diario francés (Le Figaró) el que lo hizo.
Según la fuente, se llegó a un arreglo tras «muchas idas y vueltas» entre ambos países, y gracias a la intervención del presidente estadounidense, Barack Obama.
El tema de los paraísos fiscales, «agujeros negros de las finanzas», resurgió en noviembre de 2008, en plena crisis financiera, durante una reunión entre 17 países en París, organizada por iniciativa de Alemania y de Francia.
Los Estados participantes pidieron entonces a la OCDE que «reactualizara» antes de mediados de 2009 su «lista negra» de paraísos fiscales no cooperativos.
Al comienzos de 2000, el organismo había publicado una lista pero sólo incluía tres países (Mónaco, Andorra y Liechtenstein), ya que otros habían logrado salir del listados a cambio de promesas de transparencia. Por temor a figurar de nuevo en la lista «reactualizada», Bélgica, Austria, Luxemburgo o Suiza, pero también Liechtenstein o Andorra, anunciaron la flexibilización de sus legislaciones nacionales sobre el secreto bancario y algunos aceptaron cooperar con informaciones en caso de sospecha de fraude fiscal, como Mónaco o Suiza. La OCDE se basa en cuatro criterios para definir un paraíso fiscal: impuestos insignificantes o inexistentes, ausencia de transparencia en el régimen fiscal, carencia de intercambio de información fiscal con otros Estados y el hecho de atraer a empresas que desempeñan una actividad ficticia.
Entre los que más lo hicieron, el presidente brasileño, Lula da Silva, festejó la decisión de pedir la divulgación de la lista de paraísos fiscales. «No es posible la coexistencia de un mundo moral, ético, desarrollista y productivo con paraísos fiscales, que son por donde se lava el dinero del narcotráfico y de toda la criminalidad», advirtió.