Hacia una política aseguradora de Estado

Se trata de buscar grandes consensos y, para arribar a ellos, el propio Estado convoca y escucha a los diferentes actores (empresarios, trabajadores, fuerzas culturales y sociales) que aporten contribuciones despojadas de un solo interés sectorial. Lógicamente que ningún consenso se logra sin negociar: los que se sientan a la mesa deben estar dispuestos a cuatro conductas fundamentales: escuchar, hacerse escuchar, comprender las razones de los otros y conceder. Toda negociación (hasta la familiar) implica renuncias individuales en procura de un proyecto común. Sin consenso no hay formulación de políticas, y, se verá, sin políticas un país se convierte en un enigma, algo vacío de garantías, un lugar donde cualquier cosa es posible de ocurrir. Las políticas de Estado se diferencian así notablemente de las llamadas políticas de gobierno, que responden al interés ideológico del partido gobernante. En todos los países existen también estas políticas de gobierno, pero no debe permitirse que ellas sean las únicas ni las preponderantes. Es decir las políticas de gobierno son instrumentales; las de Estado son troncales. El consenso permite, justamente, la existencia de estas últimas, porque como todos habremos sido escuchados y habremos podido escuchar, entonces el compromiso de mantenimiento futuro de esas líneas no se hace difícil.

La finalidad de la existencia de políticas de Estado es la seguridad jurídica: los actores sociales y económicos deben saber qué es lo que va a pasar por un tiempo futuro prolongado, deben conocer que ni el Estado (aunque cambie el signo de gobierno) ni los otros actores patearán el tablero aprovechando una circunstancial cuota de poder. Por último debemos recordar que sin seguridad jurídica languidece la inversión, que sin ella no hay trabajo suficiente y que sin trabajo no hay bienestar ni seguridad para nadie. Por eso la elaboración de políticas de Estado sectoriales se erige como un imperativo insoslayable que los propios actores deben impulsar.

El seguro constituye en las economías nacionales un factor muy importante, porque promueve el ahorro, impulsa la prevención fundamentalmente a través del mejoramiento de las condiciones de los riesgos, cumple la misión de proteger colectivamente los patrimonios individuales, socializando las pérdidas y, finalmente, alimenta el mercado de capitales de un país a través de las inversiones (cuantiosas) que los aseguradores se ven obligados a realizar con las primas percibidas. De allí que no puede estar fuera de la formulación de una política de Estado. Y a esta altura concluyo con el mensaje medular que pretendo dar: debemos ponernos ya mismo en esta tarea. Nos merecemos un mercado asegurador sólido y en franco progreso y para ello se requieren inversiones y, desandando el camino del párrafo anterior, tenemos que elaborar un futuro previsible para nuestro sector.

Puesto en la tarea de por lo menos mencionar (por la extensión de este artículo) las diferentes cuestiones que deberían integrar la formulación de una política aseguradora nacional, tenemos las siguientes:  

El nivel de solvencia que pretendemos para nuestras aseguradoras. Las empresas las forman los empresarios y éstos necesitan conocer los niveles de solvencia que se les requerirán en el futuro. No se trata de un tema que pueda ser modificado de acuerdo con el parecer de cada autoridad de control que ocupe un cargo. La claridad en este sentido impulsa el compromiso de capitalización de las empresas.

Pero muy emparentado con el punto anterior existe otro tema; establecer el sistema de control de la actividad que pretendemos. El mercado asegurador argentino ha sufrido cambios importantísimos en los últimos años (liberación del reaseguro, liberación tarifaria, etc.), mientras que el sistema de control es el mismo que fija la ley de 1973, elaborada para un modelo de mercado totalmente diferente.

Se trata el nuestro de un negocio regulado, donde (como en todo el mundo) existe una ley específica marco para regular las relaciones contractuales asegurativas. Esa ley es de 1968 y por más excelencia que ha demostrado, no siempre permite la operación de productos y modalidades de cobertura acordes con las que maneja el mundo más evolucionado. Se trata de un tema de casi urgente revisión.

El marco fiscal que nuestro sector soporta, trasladando al asegurado una carga muy superior a la que otros países (incluso nuestros socios del Mercosur) poseen. El aliento a la contratación de seguros, que debemos fomentar, pues nuestro mercado tiene todavía una participación en el PBI bastante inferior a la de países similares.

La integración regional en materia de seguros y reaseguros es un tema que debemos retomar. Hasta hace algunos años se trabajó profundamente en estas cuestiones. Deberíamos revisar las posibilidades de continuar aquellas tareas.

La inserción de los productores asesores de seguros en el mercado futuro debería ser otro estudio profundo a realizar: se trata de la vía de acceso a la institución aseguradora más poderosa que tiene el mundo, y nuestro país no puede estar afuera del consenso que proponemos.

El alcance y la suerte definitiva de los denominados seguros sociales, particularmente el de Riesgos del Trabajo y el de Responsabilidad Civil Automotor por daños a personas, se constituyen en una definición estratégica para el cumplimiento de la misión fundamental de nuestro sector.

Y finalmente tenemos la existencia de las fuentes de trabajo. Ninguna política sectorial será completa ni eficiente si no contempla la suerte de los hombres y mujeres que la llevan adelante, su capacitación y el grado de participación en la renta que la actividad produzca.