El envío de la emblemática iniciativa se hace cuatro días después de que pasara su primer trámite legislativo la reforma tributaria -caballito de batalla de su campaña presidencial-, que es la que otorgará los recursos para hacer efectiva la modificación de la educación en Chile.
Bachelet se muestra imparable de cara al 21 de mayo, cuando deberá rendir la tradicional cuenta de Gobierno ante el Congreso nacional. En esa comparecencia, exhibirá la tramitación de sus principales lineamientos programáticos, en particular, cerrar el proceso de envío de las reformas clave de su Gobierno. Es decir, la reforma tributaria, que fue aprobada y despachada la semana pasada por la Cámara de Diputados; la reforma al sistema electoral binominal, que será revisada los próximos lunes 19 y martes 20 en la Comisión de Hacienda de la cámara; una reforma a la salud que mejore el sistema de pensiones y la reforma educativa.
La mandataria se comprometió con 50 medidas en sus primeros 100 días de gobierno y hasta aquí ya ejecutó la mitad de lo programado.
"Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia", señala la invitación que hizo llegar el Gobierno a especialistas del área, autoridades y parlamentarios invitados a la ceremonia de hoy.
El proyecto, de más de 50 páginas, tiene como objetivo -según expresó el ministro Nicolás Eyzaguirre- cambiar el paradigma de la educación en el sistema chileno, reforzar el sistema público y potenciar a las familias para que sean éstas las que elijan colegios y no al revés.
Según adelantó ayer el diario La Tercera, para terminar con el financiamiento compartido se congelarán los montos que cobran los colegios (copago) a padres y apoderados y en forma gradual incluirá a todos los colegios que reciban subvención estatal regular (por asistencia), ya sean municipales o subvencionados.
La idea es que la subvención aumente al equivalente a 145 dólares por niño y desde esa base vaya creciendo gradualmente hasta cubrir la totalidad del aporte que pagan las familias a través del copago.
Todos los establecimientos que acepten dinero estatal no podrán lucrar y para esto se reformulará la Ley General de Educación (LGE), que actualmente permite la obtención de utilidades por la actividad educacional escolar.
Sin embargo, su aplicación se hará en forma gradual, ya que de hacerlo de forma inmediata conllevaría el cierre de un número importante de colegios subvencionados o su transformación en privados particulares, subiendo con ello radicalmente el costo.
En la actualidad, existen en Chile 3.470 establecimientos educativos que declaran tener fines de lucro. Si los sostenedores de esos colegios pretenden seguir en la actividad, deberán transformarse en fundaciones sin fines de lucro. Los que inicien la transformación tendrán un plazo de dos años para realizar esa conversión. Además, estas fundaciones podrán solicitar al Estado la compra de los inmuebles y recintos en los que funcionan esos establecimientos.
Para concretar el pago de modo gradual, el Estado tendrá un período de doce años, dijeron fuentes a La Tercera. De esos pagos se descontará la inversión pública realizada en infraestructura. Esta última fórmula recoge la petición de los establecimientos subvencionados durante sus reuniones con el ministro.
El proyecto deberá resguardar también a sostenedores que, perdida la subvención estatal, quieran dejar la actividad, cerrar colegios y vender o redestinar los recintos que operan. Para esos casos, el Gobierno deberá crear un poder comprador que permita adquirir esos establecimientos y evitar cierres masivos y la pérdida de matrícula.
Otro aspecto importante es el fin a la selección de alumnos, y el nuevo mecanismo que reemplazaría a las pruebas de selección y criterios de notas pretende potenciar un sistema de "selección ciega" y centralizada, en la que los padres, en red o de modo presencial, se postulen estableciendo un orden de preferencia de colegios.
| Agencia ANSA |
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