La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformular el régimen de subsidios al gas en zonas frías, una iniciativa que busca reducir el costo fiscal del esquema, focalizar la asistencia en hogares vulnerables y modificar el sistema de financiamiento del beneficio.
Cambios en zona fría: quiénes perderían subsidios al gas y cómo quedarían las tarifas
El oficialismo lleva a Diputados una reforma integral del sistema energético que modifica el régimen de Zona Fría, endurece la focalización de subsidios y cambia el esquema de financiamiento del gas residencial.
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En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el régimen vigente dejó de ser sustentable tras la ampliación territorial de 2021.
La propuesta forma parte de un paquete más amplio de reformas energéticas enviado por el Poder Ejecutivo, que además contempla mecanismos para regularizar deudas del Mercado Eléctrico Mayorista, cambios tarifarios y la eliminación de regímenes promocionales vinculados a hidrocarburos.
El debate llega luego de que el Gobierno cuestionara la ampliación del régimen aprobada en 2021, al considerar que desnaturalizó el esquema original y generó un fuerte incremento de subsidios cruzados financiados por el resto de los usuarios del país.
Qué cambia en el régimen de zona fría
El proyecto mantiene el beneficio histórico para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, donde continuará aplicándose una bonificación sobre el precio del gas natural y el gas propano por redes.
Sin embargo, introduce modificaciones para los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637.
A partir de la reforma, los hogares ubicados en las zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio adicional si están inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025.
El nuevo esquema combinará dos criterios simultáneos:
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ubicación geográfica en zonas de severidad climática;
condición socioeconómica del hogar.
Según el texto oficial, podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de hogares con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con discapacidad incluidas dentro del sistema SEF.
El argumento oficial: déficit y subsidios cruzados
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el régimen vigente dejó de ser sustentable tras la ampliación territorial de 2021.
Según el mensaje enviado al Congreso, el recargo del 7,5% sobre el gas ya no alcanza para financiar el sistema y actualmente se requieren aportes adicionales del Tesoro Nacional para cubrir el costo del subsidio.
El texto oficial también advierte que la falta de financiamiento provocó atrasos en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores de gas.
Además, el Gobierno busca modificar la forma en que se calcula la bonificación. Hasta ahora el subsidio se aplicaba sobre la tarifa total, incluyendo transporte y distribución. El nuevo proyecto limita el beneficio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Qué impacto podría tener sobre las tarifas
Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre los usuarios de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo régimen focalizado.
Según las simulaciones realizadas por la entidad, un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que hoy recibe el subsidio de zona fría y quede excluido del SEF podría enfrentar un incremento cercano al 100% en su factura mensual de gas.
En cambio, quienes mantengan el beneficio mediante el sistema focalizado tendrían subas menores, aunque igualmente superiores a las actuales debido al cambio en la base de cálculo del subsidio.
El trabajo de IERAL sostiene que la ampliación de Zona Fría realizada en 2021 incorporó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia, lo que incrementó el costo fiscal sin mantener el criterio climático original del régimen.
El proyecto también modifica el sistema eléctrico
La iniciativa oficial incluye además un capítulo destinado a regularizar las deudas acumuladas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA.
El proyecto habilita mecanismos de compensación entre créditos tarifarios y deudas con el Mercado Eléctrico Mayorista, aunque condiciona esos beneficios a que las empresas desistan de reclamos judiciales contra el Estado. Además, establece el traslado automático de los costos de generación eléctrica y adquisición de gas a las tarifas finales.
Desde IERAL señalaron que el objetivo es reducir distorsiones y evitar la acumulación de nuevos subsidios o atrasos financieros dentro del sistema energético.
Renovables e hidrocarburos
El proyecto también prorroga hasta 2045 los beneficios tributarios para energías renovables establecidos en la Ley 27.191.
En paralelo, elimina regímenes especiales de promoción hidrocarburífera y acceso diferencial a divisas creados durante gobiernos anteriores, aunque mantiene los derechos ya adquiridos por proyectos aprobados previamente.
Las advertencias de IERAL
Aunque respaldó el objetivo de ordenar subsidios y mejorar la sustentabilidad fiscal, IERAL recomendó introducir mayor gradualidad en la transición para evitar aumentos bruscos sobre los hogares.
La entidad sugirió combinar tres criterios para definir subsidios:
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severidad climática;
vulnerabilidad socioeconómica;
consumo energético razonable según zona y composición familiar.
También planteó que el traslado automático de costos a tarifas debería complementarse con mecanismos que amortigüen la volatilidad internacional de los precios del gas y la energía.