El ajustado cronograma que el Senado preveía para dar el primer empujón de consenso político a la reforma del Ministerio Público Fiscal para el día después de la salida de Alejandra Gils Carbó sufrió un tropiezo. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales debió llamar a un cuarto intermedio para el próximo martes y deberá llevarlo al recinto para la sesión del 15 de noviembre con habilitación especial de dos tercios de los votos. En parte la resistencia de fiscales que decidieron poner el cuerpo ellos mismos para expresar su malestar- trastocó los planes del PRO, la UCR y el PJ que, apoyaban el proyecto para limitar el plazo y los métodos de nombramiento y remoción del Procurador General. El dictamen se firmará con algunas modificaciones ya concedidas en la discusión de ayer y para calmar a los fiscales, en alerta por los cambios que se avecinan en la transición. Luego llegará la hora de discutir la nominación para la que el peronismo considera que Rodolfo Urtubey puede ser un firme candidato a cambio de prestar los votos requeridos para la aprobación de la reforma. El gesto de Mauricio Macri de convocarlo para la comitiva que viajó a los Estados Unidos fue leído como un guiño.
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Hasta ahora el Ejecutivo no aventuró un nombre para reemplazar a Gils Carbó y alimenta a todos los que pretenden anotarse en esa carrera. El peronismo busca no quedar entrampado en la posibilidad de que el oficialismo juegue una carta propia a último momento. Como adelanto Ámbito Financiero, la opción de jurista Alberto García Lema sería la más viable. Sin embargo, el candidato está a dos años de cumplir la edad máxima para tener que jubilarse, lo que le significaría al PJ un mandato corto que el Gobierno podría reemplazar con alguien propio, no debiéndole ya concesiones al Senado con mayoría PJ por sus votos para la reforma. Urtubey a cargo además desde el lado parlamentario de la implementación del Código Procesal Penal- es la carta fuerte del peronismo que le ofrece un desafío al Gobierno de "entregar" ese estratégico cargo a un opositor. Desde el oficialismo señalaron que debería ser un jurista que no provenga de la política. Cerca del bloque peronista replicaron que los "mejores" procuradores llegaron de la mano de la política y pusieron como ejemplo que Gils Carbó tenía un origen judicial.
En la comisión hubo cruces por el reemplazo de senadores del bloque PJ que fueron parte de la comitiva presidencial, pero el Cambiemos también tuvo que hacer cambios por ausencias, incluso la de Federico Pinedo, uno de los firmantes del proyecto. El Ministro de Justicia Germán Garavano abrió el debate con la propuesta de consenso: recortar el mandato del Procurador, facilitar los métodos de designación y remoción, y limitar las atribuciones del jefe de los fiscales. En el PJ fueron más explícitos con esos consensos referidos a "reorganizar" el organismo, y también atemperar los efectos prácticos del artículo 120 de la Constitución en cuanto a la autonomía del Ministerio Público. Su mira está puesta en un modelo norteamericano, donde la cúpula de los fiscales está más coordinado con el Ejecutivo. La Defensora General, Stella Maris Martínez plantó bandera en esa posición y sostuvo que debería haber independencia de los Ministerios Públicos, algo que no trasciende de la reforma. Los fiscales Carlos Rívolo, Oscar Pleé y Ricardo Saénz, también expositores remarcaron coincidencias pero reclamaron que sean los votos de dos tercios del Senado los que posibiliten su remoción. Esa modificación puede ser parte de las concesiones a la hora de la firma.
La Iglesia Católica con la firma del Arzobispo Mario Poli y de varios obispos entre los que está Oscar Ojea, nombrado hace horas al frente de la Conferencia Episcopal Argentina hicieron llegar una misiva a la comisión, exigiendo que continúe el programa de Acceso territorial creado por Gils Carbó conocido como Atajo. Pese a que desde el Gobierno insisten en que no se disolverán procuradurías, lo cierto es que esa decisión queda en manos del próximo Procurador porque no están contenidas en la letra de la ley. En Brasil, están meditando si correspondería hacer una advertencia más fuerte (más allá del comunicado de los procuradores del Mercosur) y señalar que el acuerdo de cooperación por el caso Odebrecht firmado por Gils Carbó y el exjefe de los fiscales de ese país, Rodrigo Janot- puede caducar, si Argentina cambia su marco regulatorio para los fiscales.
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