Imputan en España a un ministro israelí por un bombardeo a Gaza en 2002

Benjamin Ben Eliezer, ex ministro de Defensa de Israel y hoy titular de Infraestructura. Su imputación en España por un bombardeo a una vivienda de un líder de Hamás en 2002 causó estupor en la clase política del Estado hebreo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero busca ahora minimizar la crisis bilateral que se avecina.

Madrid y Jerusalén - La Audiencia Nacional española imputó ayer al ministro israelí Benjamin Ben Eliezer y a seis comandantes militares de ese país por supuesto crimen de lesa humanidad en relación con un ataque en la Franja de Gaza en 2002, en el que murieron un presunto líder de Hamás y 14 civiles.

Ben Eliezer, de 72 años, era entonces ministro de Defensa y hoy ocupa la cartera de Infraestructura en el gobierno de Ehud Olmert.

El juez español Fernando Andreu admitió a trámite una querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), despertando la indignación tanto del Gobierno como de la oposición israelíes y la advertencia de Jerusalén de que tomará todas las acciones necesarias para defender a sus oficiales de dichos cargos.

El propio Ben Eliezer calificó las acusaciones de «risibles e inauditas».

«Organizaciones terroristas están utilizando los tribunales del mundo libre y los métodos de Estados democráticos para perseguir a un Estado que combate el terror», afirmó el ministro en una entrevista con el Canal 2 de la televisión israelí.

También el entonces jefe del Estado Mayor israelí, Moshe Yaalon, uno de los militares imputados junto a Ben Eliezer, consideró que la decisión de la Justicia española forma parte de una campaña de propaganda contra la legitimidad del Estado israelí.

El actual ministro de Defensa, Ehud Barak, líder del Partido Laborista al que pertenece Ben Eliezer, exigió la anulación de los cargos. «Alguien que califica la eliminación de un terrorista de 'crimen contra la humanidad' vive en un mundo al revés», dijo.

La decisión judicial llegó justamente cuando el Gobierno hebreo prepara una estrategia de defensa para inmunizar a sus líderes políticos y militares de demandas por crímenes de guerra anunciadas a propósito del último conflicto en Gaza.

Inquieto ante la crisis bilateral que se avecina, el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, llamó a su par Tzipi Livni, a quien le dijo que pese a que «no podemos intervenir en la Justicia española», su Gobierno trabajará para que el caso tenga el «menor impacto posible» y se llegue a una «solución satisfactoria».

Los hechos por los que el magistrado imputaa Ben Eliezer y a los otros seis militares tuvieron lugar el 22 de julio de 2002. Un avión de combate israelí lanzó entonces una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehade, en la ciudad de Gaza. El supuesto dirigente de Hamás murió junto con otras 14 personas, muchas de ellas niños. Además, 150 resultaron heridas.

Según el magistrado, existen indicios de crímenes contra la humanidad al tratarse de un ataque contra la población civil de inicio ilegítimo. Andreu invoca para su investigación el principio de justicia universal que recoge el ordenamiento jurídico español.

«Nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo, que se torna en un hecho que ha de ser perseguido en virtud del principio de jurisdicción universal», apunta en su auto.

Según el juez, «con el propósito de cometer el asesinato» selectivo del líder de Hamás, «las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar», lanzaron un ataque.

Ben Eliezer fue ministro de Defensa en el gobierno de coalición del Likud y el Partido Laborista que encabezó Ariel Sharon, y dimitió en octubre de 2002. En la entrevista con la televisión israelí, el ex ministro de Defensa aseguró que no se arrepiente de su decisión de eliminar a Shehade, a quien calificó de «archiasesino».

«Salah Shehade ha llevado a cabo ataques gravísimos contra nuestros ciudadanos. Lo digo explícitamente: Si no lo hubiésemos matado, habría continuado perpetrando ataques para matar a más israelíes», añadió.

Junto con el ex ministro de Defensa y el ex jefe del Estado Mayor serán investigados el entonces comandante de la Fuerza Aérea israelí, Dan Halutz; el general del mando sur del Ejército israelí, Doron Almog; el presidente del Consejo Nacional de Seguridad israelí y asesor nacional de Seguridad, Giora Eiland; el secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; y el director del servicio general de seguridad de Israel, Abraham Dichter.

«Es absurdo. ¿Israel está luchando contra criminales de guerra y nos acusan a nosotros de crímenes?», se preguntó el líder opositor y presidente del Likud, Benjamin Netanyahu.

Agencias DPA, EFE y Reuters