En una votación terminada el miércoles a última hora, los diputados aprobaron la segunda medida provisional (MP) dictada por Rousseff para poner en marcha el ajuste de las cuentas públicas, pero, para alarma del palacio del Planalto, dictaron cambios en el texto que podrán resultar en un aumento de los gastos del Gobierno.
Uno de los cambios aprobados, por 232 votos contra 210 y dos abstenciones, es una "flexibilización" en los criterios de cálculo de jubilación para los trabajadores que decidan retirarse del mercado laboral antes de la edad mínima de 65 o 60 años para hombres mujeres, respectivamente.
La enmienda permite a los trabajadores que opten por la jubilación anticipada elegir entre un menú de mecanismos para fijar sus remuneraciones futuras, lo que diluye el proyecto del oficialismo, la MP 664, que restringe la concesión de beneficios previsionales.
Según el Ministerio de Hacienda que comanda Joaquim Levy, la enmienda mencionada puede incrementar los gastos previsionales en 40.000 millones de reales (13.200 millones de dólares) en los próximos diez años, lo que apunta a un desequilibrio mayor que el actual y brinda al mercado una señal contrapuesta con la que se le pretende hacer llegar.
"El Gobierno ahorrará menos y la gran pregunta es qué capacidad tendrá el Estado para financiar estos cambios", expresó la comentarista económica Thais Heredia, del canal GloboNews.
La decisión de la Cámara baja todavía no es definitiva, ya que puede ser modificada por el Senado, pero fue interpretada por los analistas políticos como una muestra más de las difíciles relaciones entre el bloque oficialista en el Congreso con Rousseff, quien inició su segundo mandato el 1 de enero pasado.
Para remediar el mal paso, se espera que la mandataria negocie una nueva fórmula de cálculo de esas jubilaciones con sus aliados rebeldes y con los sindicatos, soliviantados desde antes de esta votación por el propio plan de ajuste y por un proyecto que generaliza la tercerización laboral que el Gobierno resiste pero no se anima a vetar.
Rousseff sugirió que sí podría vetar la norma previsional votada el miércoles, pero teme que el Congreso pueda luego sostener la medida con una votación con mayoría calificada. Preocupa, en ese sentido, que haya sido votada afirmatizamente por el 14% de la bancada del propio PT.
Anteriormente, los diputados habían dado el visto bueno por 277 votos contra 178 a otra de las medidas de ajuste del ortodoxo Levy, que incrementa las condiciones para las solicitudes de pensiones, con la que se busca ahorrar hasta 7.500 millones de reales (2.470 millones de dólares) por año.
Esa norma, tal como la aprobada la semana pasada y que endurece el acceso al subsidio por desempleo, debe ahora ir al Senado.
Levy, un hombre ligado al sector bancario privado, busca incrementar los ingresos del Gobierno y recortar los gastos para alcanzar una meta de ahorro fiscal del 1,2% del PBI este año, contra el déficit del 0,63% de 2014.
El Fondo Monetario Internacional dijo el martes que Brasil debe hacer más si quiere cumplir con su meta de superávit primario (antes del pago de deuda).
En su evaluación anual, el organismo apuntó a los errores del Gobierno que han arrastrado a la otrora floreciente economía brasileña hacia lo que se proyecta una recesión este año, pero respaldó las políticas ortodoxas de Levy.
"Se requiere una consolidación fiscal ambiciosa para reducir la deuda pública y restaurar la credibilidad de la política monetaria", dijo el FMI en el reporte, completado el 4 de marzo.
Ante un desplome de la confianza empresarial tras haber obtenido su reelección en octubre, Rousseff, afectada además duramente por los escándalos en Petrobras, eligió a Levy -un "halcón" en materia fiscal- para volver a equilibrar las cuentas públicas tras años de fuerte gasto.
| Agencias DPA, Reuters y Brasil247, y Ámbito Financiero |
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