Inesperado golpe europeo

Madrid - La relación entre España y la Unión Europea (UE) se tensó ayer luego que el bloque exigió a los astilleros españoles que devuelvan las bonificaciones fiscales del período 2007-2011 por considerarlas ilegales y que ordenó a Madrid frenar las deducciones fiscales que benefician a las multinacionales ibéricas por comprar compañías fuera de Europa.

La decisión de la Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la UE) sobre las subvenciones que el Gobierno español otorgó a los 19 astilleros privados del país desde 2005, a través de la modalidad de "tax lease", se tomó al entender que se trató de una ayuda pública encubierta contraria a las leyes de la competencia del bloque europeo y cayó como una bomba en la administración de Mariano Rajoy, que la apelará.

El ministro de Industria español, José Manuel Soria, señaló que la cantidad a devolver aún debe aclararse y que será el Ministerio de Hacienda el que determinará la suma. El funcionario había apuntado la semana pasada que las desgravaciones podían superar los 2.000 millones de euros, si bien el sector elevaba la suma a 2.800.

El comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, planteó inicialmente que se debían devolver las ayudas desde 2005, pero la CE fijó 2007 como fecha. Quienes deben devolver el dinero son los inversores -bancos y constructoras- que financiaron la construcción de los buques, lo que pone en juego 80 mil empleos. El sector naval, los sindicatos y los gobiernos regionales de Galicia, País Vasco y Asturias expresaron su rechazo unánime a la decisión de Bruselas y pusieron en el centro de las críticas a Almunia. El comisario de la Competencia, socialista y el único español en la CE, fue quien propuso exigir al país la devolución del dinero.

Agencias DPA y AFP, y Ámbito Financiero