Ante los rumores periodísticos sobre su posible renuncia, surgidos tras los escándalos políticos que salieron a luz recientemente en el país, Bachelet señaló en un encuentro con corresponsales extranjeros que "eso sería un quiebre institucional".
La Presidenta manifestó su preocupación por la difusión de ese tipo de versiones sin contrastar y pidió "responsabilidad" a los periodistas, pero subrayó: "Que quede claro que yo no estoy pidiendo en ningún momento terminar con la libertad de expresión".
Sobre los escándalos, en uno de los cuales están implicados su hijo y su nuera, dijo que "puede que haya corrupción en Chile, pero no es generalizada. No todo el mundo es corrupto en nuestro país".
La jefa de Estado lamentó que se esté instalando "una suerte de cultura de la desconfianza" que considera que no hay nadie que no sea corrupto. "Y eso no es cierto", puntualizó.
El hecho de que se esté investigando a sus propios familiares o que haya empresarios que están en prisión preventiva demuestra que el Gobierno no está intentando ocultar nada, aseguró.
Se refirió así a casos en los que se entremezclan la política y los negocios y en los que se han visto implicados empresarios como los dueños del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín o el propio hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon.
Precisamente la nuera de Bachelet declaró ayer ante un fiscal que investiga una denuncia por un polémico negocio inmobiliario en el que estuvo involucrado también su esposo.
El Banco de Chile concedió un préstamo millonario a la empresa Caval, de la que Compagnon es socia en un 50 por ciento, con el fin de comprar unos terrenos en la región de O'Higgins que la firma vendió unos meses después a un precio muy superior.
"Yo no he tenido ninguna vinculación con nada de eso", sostuvo la presidenta, quien pidió evitar una "caza de brujas".
"Aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda clase", recalcó la jefa de Estado, cuya popularidad cayó abruptamente en las últimas semanas a apenas un 30%.
Sobre la repercusión de los escándalos político-financieros en la imagen exterior de Chile, que ocupa el puesto 21 de 175 en el índice de Transparencia Internacional, Bachelet dijo que "no es un país perfecto", pero a la comunidad internacional debería tranquilizarla el hecho de que las instituciones están haciendo lo que corresponde.
La prohibición absoluta de que las empresas donen dinero a las formaciones políticas o a los candidatos electorales, el aumento del presupuesto público para financiar las actividades de los partidos y la pérdida del escaño cuando se demuestre que un parlamentario incurrió en delitos electorales son algunas de las medidas que previsiblemente se adopten, apuntó Bachelet.
| Agencias EFE, DPA y AFP |
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