Di Lello cargó duro contra jueza que nombró interventor a Barrionuevo y pidió nulidad de fallo por su “gravedad institucional”. Camaristas Dalla Vía y Corcuera permitieron que desplazado titular apele.
Maria Servini y Luis Barrionuevo.
Como había anticipado Ámbito Financiero, el fiscal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), Jorge Di Lello, pidió que se revoque la decisión de intervenir el Partido Justicialista (PJ) y criticó en duros términos a la jueza María Servini. Adicionalmente, le solicitó al tribunal que declare la nulidad de todo lo actuado por la intervención a cargo del sindicalista Luis Barrionuevo, desde el pasado 10 de abril. Con tachas de "antojadiza" y cuestionamientos de rigor técnico, el fiscal calificó la resolución de la magistrada como de "gravedad institucional sin precedentes", y argumentó que no se daba una situación límite en el partido, ni sus desplazadas autoridades carecían de legitimidad. Ya hubo una señal de la CNE que sin adelantarse sobre el fondo de la cuestión, no fue nada auspiciosa para el "Team Barrionuevo": los camaristas aceptaron la apelación de José Luis Gioja, que le había sido rechazada por Servini y a la que se oponía el dirigente gastronómico. Es decir, que además de los apoderados y el fiscal, el extitular del PJ podrá exponer sus argumentos para retornar a su cargo partidario.
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El expediente ya ingresó a los dominios de la CNE, sin plazos para expedirse, pero con la intención de los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera de hacer un examen minucioso del caso. Como adelantó este diario, en los pasillos del tribunal se especulaba con dos caminos posibles para resolver el conflicto que desató Servini: el primero es revocar la medida sin más trámite y desautorizar a la magistrada, como ahora pidió Di Lello (que no fue consultado en primera instancia por la jueza); el otro, poner plazo a la intervención y ordenar que Servini realice una audiencia con todas las partes involucradas para alcanzar una solución consensuada al futuro del PJ. En principio, decidieron "corregir" la negativa que Servini impuso a Gioja para que pudiera apelar. No representa un buen pronóstico para Barrionuevo, que de todas formas, minimizó la importancia del dictamen fiscal, que no es vinculante.
"Surge palmario lo antojadizo de los argumentos esgrimidos (por la jueza), pues justamente el Partido Justicialista se encontraba conducido por autoridades elegidas en el seno partidario a través de un proceso eleccionario llevado a cabo en el año 2016, convalidado por la Justicia Electoral oportunamente, con mandato en curso hasta el año 2020", apuntó Di Lello su ristra de críticas hacia Servini. Por esto, el fiscal recordó que la Justicia ya había rechazado cuestionamientos previos a la conducción "en pleno funcionamiento" que encabezaba Gioja, por lo que "resulta cuanto menos llamativo" que se dispusiera la intervención.
Para Di Lello, la jueza "no tuvo en cuenta el carácter restrictivo con que debe decretarse la intervención judicial, lo que implica una gravedad institucional sin precedentes, y a la que solo tiene que acudirse en situaciones límites". "No se comprende cómo esta medida puede considerarse ajustada a derecho", arremetió el fiscal en su opinión. Sostuvo que a pesar de que el PJ atravesara "vaivenes propios" que experimentan los partidos, "de ningún modo esto puede ser motivo de una medida extrema". Servini había justificado su decisión en el análisis de los malos resultados electorales de 2015 y 2017, las divisiones internas del peronismo- kirchnerismo y la diáspora de dirigentes con candidaturas externas al sello. Esa resolución disparó críticas por "arbitraria, injustificada e ilegítima" por parte de las desplazadas autoridades que hasta debieron abandonar la histórica sede de la calle Matheu.
Hubo párrafo especial para el nombramiento de Barrionuevo como "interventor": "Se observa que difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere. Es de público conocimiento, que el mismo ha tenido una vida política activa en el seno del PJ. De este modo, no resulta ajeno a aquellas divisiones tan criticadas por la Sra. Magistrada, y ello le impediría llevar a cabo la normalización que le fuera encomendada con la tolerancia exigida". Di Lello culminó con una exhortación a todas las agrupaciones para que se apeguen a sus propios estatutos ante el riesgo de la merma de credibilidad social en las instituciones partidarias.
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