Intentará macrismo consulta popular por pase del transporte

Mauricio Macri, ayer, en la inauguración de una escuela técnica en el Polo Educativo del barrio porteño de Saavedra.

La pelea verbal entre el Gobierno y Mauricio Macri parecía amortiguada, pero ayer Cristina de Kirchner volvió sobre el punto, después de mandar, la semana pasada, el proyecto de ley al Senado (ver nota aparte) para ratificar el traspaso de los subtes a la Ciudad.

La Presidente, durante un acto en la Casa Rosada, aludió al jefe porteño contando que «finalmente el Gobierno de la Ciudad recibió a los vecinos y firmaron un acta de acuerdo, esperemos que lo cumpla, no como pasó con el subte». Cristina de Kirchner se refirió al corte que venían realizando en la autopista Illia los vecinos de la Villa 31, en reclamo de un transporte escolar.

«No es que querían ir al circo o al cine..., querían ir a la escuela», señaló la Presidente.

La pelea ya tiene varios frentes, como el judicial, el mediático y el legislativo. Allí el PRO cuenta con menos probabilidades, ya que el Congreso aprobaría con la mayoría K la ley del traspaso, pero restará que la convalide la Legislatura porteña. En ese otro punto polémico de acuerdo con los planes del Frente para la Victoria que sostiene que ese trámite no sería imprescindible (ver nota aparte).

Mientras los legisladores porteños del PRO están a la espera de rechazar ese proyecto en el recinto, si no contempla recursos, busca la manera de una contraofensiva.

Así, a iniciativa del titular de la Legislatura, Cristian Ritondo, y el diputado aliado al PRO, Juan Pablo Arenaza (ex Coalición Cívica), se empezó a diseñar el texto de una consulta popular. La medida apuntaría a que los porteños concurran a las urnas para decidir si el Gobierno local debe aceptar el traspaso del transporte. «La idea es que los vecinos se manifiesten por sí o por no en caso que el proyecto de ley que trata el Congreso no incluya los recursos que deben ser transferidos junto a los servicios de acuerdo a la Constitución Nacional», explicó Ritondo. Para Arenaza, «los legisladores que acepten el traspaso del Subte sin los recursos necesarios serán responsables de llevar a la Ciudad a su quiebra».

La iniciativa recuerda la puja entre el menemismo y el Gobierno porteño de Fernando de la Rúa, por la transferencia de parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, donde el mandatario de la ciudad reclamaba por los recursos. También la gestión del radical pensó en una consulta de ese tipo que no llegó a realizarse.

En otro sentido, el titular de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo (PRO), aseguró que tanto la transferencia de subtes como de colectivos debe pasar por la Legislatura . «No hay ninguna duda», dijo Ocampo y explicó que la ley a la cual quiere remitirse el kirchnerismo para evitar ese paso (la 373 de 2000) «adhiere a un decreto (373 de 1999) que habla de la transferencia del control y fiscalización de los subtes pero especifica que la relación concedente-concesionario está en cabeza del Gobierno nacional. Ahora se trata de pasar toda la concesión y eso requiere de la intervención de la Legislatura».

El PRO ya cuenta con votos aliados para rechazar el traspaso sin los recursos que reclama, cuando llegue el momento.

De esa manera, el caso terminaría en la Corte. El macrismo está convencido que finalmente será el máximo Tribunal el que terminará definiendo quién tiene la razón.

Como antecedente está el reclamo que la Ciudad de Buenos Aires formuló hace dos años ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, ante el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la transferencia de los recursos que correspondían al traspaso de competencias penales, que se realizó mediante dos convenios y la aprobación del Congreso y la Legislatura. Pero también el kirchnerismo piensa aludir a esos acuerdos, ya que la última transferencia de competencias penales que le fueron transferidas a la Ciudad, se hizo por ley, sin convenio, como pretende ahora el Senado aprobar la norma que pasa sin más detalle el control de colectivos y tranvía. Sin embargo, esa ley no tuvo aún adhesión de la Legislatura y por lo tanto la ciudad no juzga los delitos que allí se detallaron.

Ese mismo camino podría tener el proyecto que envió el Gobierno nacional al Congreso para forzar a Macri a tomar el control del transporte porteño, aunque en ese caso seguiría la vía judicial con intervención de la Corte para resolver el conflicto que comenzó cuando el jefe de Gobierno dio marcha atrás con un acta acuerdo en la que aceptó tomar a su cargo los subterráneos.