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Jueces ordenan investigar más votación de ley
La causa se inició luego de la sesión del 10 de noviembre de 2010, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados. A la kirchnerista Patricia Fadel se le imputó el hecho de supuestamente haberle solicitado a la diputada Cynthia Hotton que votará a favor del proyecto a cambio de futuros apoyos legislativos. Por ese tipo de contactos con legisladores de la oposición, De Vido, Granero y hasta el sindicalista Sobrero también fueron incluidos en el expediente.
La jueza María Servini de Cubría lo investigó por presuntos contactos con el por entonces secretario parlamentario del bloque Proyecto Sur, Mario Francisco Mazzitelli, a quien le habría preguntado si atendería a José María Olazagasti, secretario privado de De Vido.
Este funcionario también terminó involucrado por los denunciantes al igual que el intendente de Puerto San Julián (Santa Cruz), Nelson Gleadell. Pero la magistrada entendió que las aludidas fueron conversaciones que se enmarcaron en las habituales negociaciones políticas propias de un ámbito como el Congreso, y decidió los sobreseimientos.
Si bien el fiscal general, Gabriel Moldes, entendió los hechos con la misma óptica, sustentó una apelación inicial del fiscal Federico Delgado y pidió que se envíen a la Justicia copias de los registros y los expedientes de dicha sesión en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Los camaristas de la Sala I, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, decidieron revocar los sobreseimientos y dieron luz verde al pedido de Moldes. Una vez recibida la documentación, se podrían efectuar nuevas diligencias.


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