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Juego: el plan estatizador K, entre guiños y rechazos
Tal como detalló ayer este diario, la iniciativa que redactó Mario Caputo, legislador del FpV alineado con el ministro del Interior Florencio Randazzo, plantea «reglar» los alcances del artículo 37 de la Constitución provincial, que refiere a los juegos de azar para «prohibir la privatización, concesión o tercerización» del manejo de esa actividad en Buenos Aires.
La iniciativa se produce en un momento particular: a horas de la decisión de Scioli de prorrogar la explotación de las salas de bingo a cambio de recursos extra para enfrentar el pago del aguinaldo. Ayer, con la firma del gobernador y su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se publicó en el Boletín Oficial bonaerense, el texto de la resolución que dispone la extensión de las licencias.
Como en paralelo, Scioli negoció con Cristina de Kirchner un préstamo para cancelar el SAC adeudado, en su decreto introdujo cambios respecto del destino de los fondos: el 5% de los ingresos por la prórroga de la explotación se distribuirá entre los municipios mientras que el resto irá al Tesoro provincial pero con destino específico, por ejemplo, el 35% para Educación y el 25% para Desarrollo Social.
El proyecto de Caputo además de prohibir la privatización, también propone una serie de medidas en materia de horarios de los bingos, políticas preventivas de la ludopatía y sugiere un «criterio restrictivo» sobre la apertura de salas.
A su vez, el borrador establece en su artículo 4º que «las utilidades líquidas que se obtengan de la explotación de los juegos de azar, deducidos los fondos necesarios para atender a los gastos corrientes y de capital para su funcionamiento, serán destinados exclusivamente a atender políticas efectivas de acción social y salud, a nivel provincial o municipal».
La propuesta de Caputo generó reacciones múltiples. Por un lado, desde el Gobierno se expuso la postura del sciolismo respecto de que no consideran lo «más conveniente la estatización» pero que el gobernador está dispuesto a plantear la «más amplia discusión» en lo referido al canon, la rentabilidad de las empresas, horarios, esquema impositivo y mecanismos de control.
Según el legislador, «es indispensable poner en revisión todo el sistema para, desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, dotar al Estado provincial de un instrumento legal que le posibilite aprovechar al máximo de sus posibilidades los recursos que se generan por los juegos de azar».
Y agregó: «No sólo debe focalizarse en si se aplica un aumento al canon que pagan las salas de juego o se le incrementan los impuestos sino que debemos evaluar también la posibilidad de estatizar el juego».
Diferencias
En tanto, la oposición salió a mostrar diferencias. Por un lado, la Coalición Cívica (CC) que comanda Walter Martello planteó con ironía su «beneplácito» por el hecho de que el kirchnerismo lance una propuesta que hace tiempo fue presentada por la CC. Con mordacidad el legislador también recordó que Randazzo, jefe político de Caputo, integraba el Gobierno de Felipe Solá, gobernador que extendió las licencias de los bingos.
A su vez, el Frente Amplio Progresista (FAP), ligado a Hermes Binner, anticipó que presentarán un proyecto de estatización del juego.
El diputado del FAP Juan Carlos Juárez dijo que está elaborando una iniciativa para que el juego de azar vuelva a manos del Estado provincial y para generar los controles necesarios, sobre todo en los estándares de funcionamiento de las máquinas, cantidad y recaudación real de cada una.
Juárez calificó como una «vergüenza» a los contratos anticipados firmados por el gobernador Daniel Scioli, «ya que otorgó una licencia en explotación ilimitada por 15 años más, que es como adjudicar una obra pública por 50.000 millones sin licitación, lo cual genera muchas dudas. Hay que terminar con la ecuación perversa y leonina que hace que la provincia recaude sólo 5 pesos por cada 100 que se juegan en las salas de apuestas», concluyó.
En tanto Mauricio DAlesandro, diputado de Unión Celeste y Blanca, el partido de Francisco de Narváez, atribuyó la iniciativa a una jugada política para «ahora a Scioli; ahora van por la caja del juego» y denunció que «detrás de la supuesta estatización se esconde un nuevo negocio».
El diputado denarvaísta explicó que el sentido de una expropiación sería «justificar la salida elegante con compra incluida de las 46 salas de la provincia» y agregó: «Esperaron a que se prorrogaran las licencias para justificar una expropiación millonaria y seguros juicios que redundarán en más impuestazos para pagar los platos rotos».
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