Juez cree ahora que Schoklender construía de más

La investigación contra Sergio Schoklender no para de dar sorpresas: el juez federal Norberto Oyarbide encontró en un procedimiento más obras en marcha de la fundación Madres de Plaza de Mayo de las que estaba previsto realizar de acuerdo con el programa establecido por el Ministerio de Planificación. El magistrado presenció en persona el insólito hallazgo durante una inspección ocular que realizó este martes en el partido bonaerense de Tigre.

En esa ocasión, Oyarbide le había dicho a este diario que no eran coincidentes los informes presentados por Planificación y Madres, respectivamente, acerca de los emprendimientos en barrios humildes de esa localidad. Lo sorprendente fue que el juez pudiera constatar, en principio, la existencia de más obras de las previstas.

Ese martes, el magistrado había encabezado una inspección ocular en los barrios Cina Cina, en la zona de Troncos del Talar; Garrote, en el centro de Tigre, y San Pablo, en El Talar. El informe que la cartera de Planificación le entregó al juzgado daba cuenta de obras a desarrollar en El Garrote y Cina Cina, pero no respecto de San Pablo. El esclarecimiento acerca de las edificaciones dependerá de los análisis que realizaron peritos de la Policía Federal y de un estudio más abarcativo que quedará a cargo de especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Las obras en Tigre habían sido votadas por varias fuerzas políticas de la comuna, incluso las de la oposición. En una recorrida realizada en julio del año pasado por ediles y funcionarios de la comuna, todos destacaron el avance de los trabajos de construcción de viviendas.

El proyecto original constaba de cinco consorcios de un total de 288 viviendas en Garrote, y de 544 casas en Cina Cina. La recorrida de los dirigentes no incluyó entonces las obras en San Pablo.

Schoklender dijo no estar sorprendido por la revelación judicial. En diálogo con este diario, comentó que más allá de las contrataciones originales pautadas con Planificación, en cada caso se atendían necesidades puntuales de los municipios. «Teníamos un programa a seguir y mi objetivo prioritario era cumplirlo. De todos modos, cuando podíamos y en función de las necesidades de cada lugar, veíamos de extender las obras a pedido de los barrios. Nos pasaba que nos planteaban la necesidad de ampliar un comedor o refaccionar una salita de primeros auxilios», graficó.

La causa, en tanto, se mantuvo ayer en secreto de sumario, como sucedió casi desde el principio del escándalo, en junio pasado. La veda informativa recién dejará de regir la semana próxima, aunque Oyarbide suele apelar a los procedimientos que ordena para incorporar nuevos imputados y prorrogarla.

Ayer el juez rechazó un pedido de Schoklender que apuntaba a apartarlo del expediente. Sobre la base de un dictamen del fiscal Jorge Di Lello, el magistrado desestimó un planteo de «litispendencia», a través del cual el exapoderado de las Madres alegó sufrir una doble persecución a partir de la vigencia de causas, con la misma raíz, en los juzgados de Oyarbide y de su colega Marcelo Martínez de Giorgi.

En su momento, Di Lello opinó al respecto que ambos expedientes pueden continuar de manera separada por entender que son diferentes los objetos procesales. Mientras la causa de Oyarbide apunta a la posible responsabilidad penal de Schoklender en el manejo eventualmente fraudulento de recursos públicos que debían ser destinados a las obras de las Madres, la de Martínez de Giorgi indaga sobre presuntas irregularidades en la contratación de los emprendimientos entre el Gobierno nacional y la entidad que preside Hebe de Bonafini.

Al mismo tiempo, Martínez de Giorgi también tiene que resolver sobre un planteo que presentó en paralelo el mayor de los hermanos Schoklender. En un escrito, el exapoderado le requirió al juez que a su vez le pidiera a Oyarbide inhibirse de continuar la otra causa, por el mismo motivo: la investigación de hechos iguales.