Juez obstaculiza central por u$s 11.000 M

Brasilia - El fallo judicial que ordenó suspender parte de las obras de la hidroeléctrica Belo Monte, en la Amazonia brasileña, fue recibido ayer como una «victoria parcial» por indígenas y ambientalistas, mientras el Gobierno espera ser notificado para probablemente apelar. Por este tema, el Gobierno de Dilma Rousseff mantiene un enfrentamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Esto es una victoria parcial, pero esperamos que la Justicia cumpla con su papel y proteja a la población que está expuesta a perder sus fuentes de agua, de alimentación», dijo Antonia Melo, portavoz del movimiento Xingú Vivo para Siempre, que reúne a pobladores e indígenas de la cuenca del río Xingú.

El miércoles, la Justicia federal en el estado de Pará (norte) dispuso la paralización de los trabajos que alteren el curso del Xingú, en el corazón de la selva amazónica, en una decisión que podrá ser apelada.

Con un costo de 11.000 millones de dólares y una potencia de 11.200 MW (equivalente a cerca del 11% de la capacidad instalada de Brasil), la represa se convertiría en la tercera mayor del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay.

La Procuraduría General, que actúa como abogado del Gobierno, «todavía no fue informada de la decisión» y, cuando ello ocurra, «la analizará y probablemente apelará», explicó una fuente del organismo. Belo Monte es considerado por las autoridades brasileñas como un proyecto fundamental para el desarrollo energético del país. Según datos oficiales, el proyecto empleará 20.000 personas directamente en la construcción, inundará un área de 500 km2 junto al río Xingú y acarreará 16.000 desplazados.

El juez Carlos Castro, que ordenó el miércoles la suspensión de los trabajos, acogió la demanda de la Asociación de los Criadores y Exportadores de Peces Ornamentales de Altamira (Acepoat).

Las obras que no interfieran con la actividad pesquera, como la construcción de canteros y residencias, pueden continuar, señaló el magistrado. La alcaldía de Altamira, a 900 kilómetros de Belém (capital del estado de Pará), presentó también una denuncia ante el Ministerio Público Federal (fiscalía) acusando al consorcio Norte Energia de no cumplir con las inversiones prometidas para compensar los impactos de la obra.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió en abril a Brasil que suspenda la construcción. Pero en junio, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) dio la luz verde final al inicio de las obras de la hidroeléctrica.

Agencia AFP