Juicio oral para D’Elía por marchar

Luis D’Elía

La Justicia porteña elevó ayer a juicio oral y público al piquetero ultrakirchnerista Luis D'Elía por supuesta obstrucción de la vía pública, al encabezar el 8 de mayo pasado una marcha en respaldo del Gobierno, y afectar así el funcionamiento de los servicios públicos, sin pedir un permiso previo al Gobierno de la Ciudad. Un proceso que tiene más peso simbólico que práctico: la pena por infringir el artículo 78 del Código Contravencional de la Capital es de hasta cinco días de trabajo público o una multa de hasta $ 1.000.

La avanzada contra D'Elía se enmarca también dentro de la insistencia del Gobierno macrista por este tipo de permisos, que derivaron desde el año pasado en la sistemática suspensión de actos y instalación de carpas, como pasó durante el conflicto con el campo, cuando se impidió montar varias tiendas enfrente del Congreso. Lo mismo ocurrió hace poco con una manifestación de Greenpeace y con el cierre de campaña del entonces candidato a diputado opositor por la Ciudad, Fernando Pino Solanas.

Según el fiscal en lo Penal y Contravencional de la Ciudad, Claudio Silvestri, el titular de Federación Tierra y Vivienda (FTV) debe ser juzgado por organizar la caravana que atravesó el centro porteño durante cinco horas y colapsó el tránsito el 8 de mayo pasado. La movilización, que supuestamente tenía por objeto respaldar al Gobierno nacional, finalizó en la Plaza de Mayo con un acto expeditivo, en el que el piquetero oficialista se limitó a pedir espacio para su agrupación en las listas del kirchnerismo, de cara a las elecciones. «No queremos listas blancas y marquetineras; queremos trabajadores, queremos morochos en nuestras listas que nos representen y nos llenen de orgullo», había reclamado un agotado D'Elía, una queja que no afectó en nada el armado electoral oficialista.

El piquetero había sido indagado por el fiscal a principios de junio pasado, por infringir el artículo 78 del Código Contravencional porteño, que establece como sanción de uno a cinco días de trabajo comunitario o una multa de $ 200 a $ 1.000, a quien obstruya la vía pública e impida la circulación de vehículos. En ese momento, D'Elía había asegurado que la citación judicial era una «huevada de Macri», y que era «parte de los tiempos electorales».

El fiscal acusó, además, al líder de FTV de violar el artículo 69 del Código, el cual plantea que «quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado con $ 1.000 a $ 5.000 de multa o arresto de dos a diez días».

Aclaración

Por eso, el abogado del piquetero oficialista, Adrián Albor, minimizó ayer el pedido de elevación a juicio, y subrayó que difundió un comunicado en donde aclaró que la pena por el delito del que se lo acusa a D'Elía «es más leve que violar un semáforo en rojo, pudiendo ponerle fin mi asistido mediante el simple pago de pesos doscientos». Albor negó además la acusación con el argumento de que el pedido de autorización que exige el artículo 78 debe ser entregado al jefe de la Policía Federal. Agregó que la solicitud había sido presentada ante el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien no tiene injerencia sobre la Policía Federal, ni sobre la reglamentación de la Ciudad.

En su dictamen, Silvestri resaltó que «es importante que se deje claro que no es cierto que se deba pedir permiso al jefe de Gobierno porteño para ejercer los derechos constitucionales que nos asisten. Hay que erradicar esa falsa información del imaginario colectivo, dado que los interesados en hacernos creer eso no lo podrían conseguir ni con una reforma legal, dado que la prerrogativa es superior, de orden constitucional».