Con su investidura, Lula quedará protegido por los fueros, con lo cual los procesos que enfrenta por su presunta participación en la red de corrupción que operó en Petrobras, así como la petición de prisión preventiva que pende sobre él, podrán ser ventilados únicamente por el Supremo Tribunal Federal (STF), la más alta Corte del país.
Según el oficialismo, la incorporación del dirigente tiene como único objetivo ayudar al Gobierno a salir de la profunda crisis política que amenaza la permanencia de la mandataria en el poder. Para ello, Lula tendrá entre sus principales tareas la de restablecer el apoyo de la coalición oficialista, cuyo principal socio, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), amenazó con abandonarla.
El Gobierno rechazó de plano que Lula sea investido como ministro para "blindarse" del rigor del juez federal Sérgio Moro, tal como aseveran opositores y analistas.
Moro encabeza los procesos relativos a la operación "Lava Jato", que investiga el fraude en Petrobras.
El magistrado ha sido implacable en lo que refiere a condenas de implicados en el caso que sacude al ente estatal y fue quien autorizó que Lula fuera conducido de manera forzada a declarar ante la Policía Federal, el viernes 4, por sus presuntos nexos con la trama ilegal.
La denuncia penal por los delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica, y el pedido de arresto preventivo que pesan sobre Lula, estaban hasta ayer en manos de Moro. Pero a partir de ahora, gracias a los fueros, Lula sólo podrá ser investigado en el ámbito de la Fiscalía General de la República y juzgado en el STF (Corte suprema).
"La llegada de Lula a mi Gobierno lo fortalece", dijo ayer Rousseff en una conferencia de prensa. Asimismo, aseguró que aquél tendrá "los poderes necesarios" para "ayudar a Brasil".
"La llegada de Lula es algo muy importante y relevante. Primero por su inequívoca experiencia política y segundo por los conocimientos que tiene del país y de las necesidades del país", afirmó la mandataria.
La Jefa de Estado confirmó que el actual jefe de la Casa Civil, Jaques Wagner, asumirá la Secretaría de su Despacho Personal.
También Rousseff descartó que el nombramiento sirva para que el exmandatario se escabulla de los procesos que enfrenta.
El diputado oficialista Wadih Samou resumió el argumento del oficialismo al señalar que la designación "no impedirá posibles investigaciones sobre él. Las investigaciones continuarán solo que en otro ámbito, en el del Supremo Tribunal Federal. ¿Cuál es el problema?". De acuerdo con esa mirada, el STF, desde donde también partieron quejas, no presenta menos sino más garantías de justicia imparcial.
No obstante, la oposición criticó con dureza lo que llamó "estrategia de blindaje" y avisó que presentará un recurso ante la Justicia para impedirlo.
"Me parece un escarnio, una bofetada en la cara de la población brasileña. El pueblo fue a las calles, se manifestó (el domingo) y creo que más de seis millones de personas en todo Brasil ya le dijeron que no quieren a Lula ni al Gobierno del PT", afirmó el diputado Pauderney Avelino, del derechista partido Demócratas (DEM). El expresidente Fernando Henrique Cardoso consideró, por su parte, "escandaloso que una persona sea ministro en un momento en que puede convertirse en reo".
Por su parte, el presidente de la entidad patronal más influyente del país, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), Paulo Skaf, tildó de "golpe contra la nación brasileña" el nombramiento. Skaf participó el domingo en las manifestaciones por la renuncia o destitución de la presidenta.
También se produjeron reacciones en el exterior. El secretario general de Unasur, Ernesto Samper, aseguró que la designación de Lula da Silva es "un acto de legítima defensa política".
| Agencias DPA, EFE, Reuters y ANSA, |
y Ámbito Financiero
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