Juristas K también defienden a los suyos

El «think tank» jurídico del kirchnerismo acudió ayer a la Cámara Nacional Electoral para argumentar en favor de las candidaturas antitraición que tienen a Daniel Scioli y a Sergio Massa como sus máximos exponentes. Contracara del escroto presentado por constitucionalistas ahora opositores como Daniel

Sabsay, los Abogados por la Justicia Social (AJUS) realizaron una presentación en calidad de Amicus Curiae (Amigos del Tribunal) para defender el derecho del gobernador bonaerense y del jefe de Gabinete a postularse a diputados y también a renunciar eventualmente a su banca.

El escrito también fue enviado al diputado Jorge Landau, apoderado del kirchnerista Frente Justicialista para la Victoria y principal estratega legal en la batalla jurídica por las candidaturas de Scioli, Massa y también de Néstor Kirchner. AJUS es un agrupación de abogados del claustro de graduados de la Facultad de Derecho-UBA, lanzada hace dos semanas y que está apadrinada por figuras de la primera plana del Gobierno nacional como el secretario legal y técnica, Carlos Zannini; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández; el senador Daniel Filmus, el juez Roberto Gallardo, el diputado Gustavo Marconato, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el sindicalista de CGT, Julio Piumato, la integrante del Consejo de la Magistratura; Diana Conti y el senador Eric Calcagno.

«Ni la Constitución Nacional ni la Ley 23.298 (Partidos Políticos), ni el Código Electoral Nacional obligan a quien ocupa un cargo público electivo a renunciar a él antes de solicitar la oficialización de su candidatura para otro distinto», advierte el escrito que los juristas kirchneristas, encabezados por el abogado Lisandro Teszkiewicz, presentaron ante la Cámara nacional Electoral. Además, los letrados de AJUS fundamentan el derecho del gobernador de Buenos Aires y del jefe de Ministros a presentarse como candidatos y a poder renunciar en que «el Comité de Derechos Humanos, órgano de interpretación y aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo que el ejercicio del derecho a votar y a ser elegido no puede suspenderse ni negarse, salvo por motivos que prevea la legislación y que sean razonables y objetivos».

Para los abogados kirchneristas, «los instrumentos internacionales invocados por los impugnantes hacen referencia a una garantía contra elecciones fraudulentas o simuladas, para evitar la perpetuación de regímenes dictatoriales o de partidos únicos, es decir, son remedios previstos para otros supuestos muy distintos del que se presenta en el caso». En su presentación ante los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munne explican que, a su juicio, las impugnaciones de la UCR y la Coalición Cívica confunden las condiciones de elegibilidad requeridas para una candidatura con las incompatibilidades para la asunción o desempeño del cargo parlamentario. «La interpretación que plantean los impugnantes bajo un pseudopaternalismo democrático no sólo impediría la postulación de los ciudadanos impugnados, sino el derecho del resto del electorado que, informado y alertado sobre la situación, puede o no libremente elegirlos reflejando ciertas reminiscencias de teorías justificativas del voto calificado», advierten los juristas K. Y concluyen su presentación asegurando que «la interpretación pretendida por los impugnantes con sustento en argumentos conjeturales e hipotéticos pretende restringir el principal derecho que hace a la esencia democrática: la libertad de elegir y ser elegido».