Justicia Federal reclamó investigar el caso por terrorismo en Río Negro

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Río Negro (de nuestra agencia) - La investigación por el atentado contra una dependencia policial provincial en Cipolletti, la semana pasada, podría pasar en las próximas horas a la jueza federal de General Roca, María del Carmen García o en el último caso desprenderse lo que se denomina la «pista chilena» y que conduce a grupos terroristas del vecino país que están activando en las comunidades mapuches del sur de Chile. Esta posibilidad cobró fuerza a partir de la sigilosa presencia en la zona, apenas ocurrido el atentado pero que trascendió este fin de semana, de agentes de investigaciones de Chile que realizan inteligencia sobre personas y organizaciones que operan en su territorio y que han sido detenidos o han evidenciado actividad terrorista en la Argentina. En paralelo, el Ministerio de Gobierno de Río Negro recompensará con 150.000 pesos a quien aporte información confiable que permita esclarecer el hecho criminal.

El fiscal federal, Alejandro Moldes reclamó para ese fuero la causa por el atentado contra la Escuela de Policía de Río Negro ocurrido el pasado sábado y que le costó la vida al trabajador municipal, José Domingo Maciel. El juez provincial que, por el momento tramita la causa, Gustavo Herrera, envió a Buenos Aires los restos de la bomba estallada y la otra desactivada para que sea analizada por peritos de la Gendarmería Nacional. El reclamo de Moldes tiene que ver con el afianzamiento de la conexión internacional -como informó este diario- o, en última instancia con la posibilidad de que la mano ejecutora haya pertenecido al narcotráfico que opera en la zona. El segundo artefacto fue puesto en la ventana de las oficinas de Telefónica. Durante el fin de semana pasada, agentes de investigaciones de la Policía Internacional chilena entregaron informes e intercambiaron datos con los investigadores argentinos.

Sin embargo, Herrera, que actúa como juez de feria -el próximo lunes deberá entregar sus actuaciones a otro juez subrogante, Sonia Martín, encargada del juzgado penal 2 de Cipolletti por reemplazo de su titular Marta García-, anticipó que es una irresponsabilidad desprenderse del expediente en este momento de la investigación. Moldes planteó la «inhibición de competencia» y con ese argumento jurídico pretende que la causa cambie de fuero y pase a órbita federal. De todos modos, la voz cantante en la investigación la están llevando la Gendarmería y la SIDE, dos fuerzas federales que se remiten al ministro de Justicia, Julio Alak y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Esta magistrada deberá inclinarse por alguna de las tres pistas que maneja el juzgado de feria: la pista chilena con la participación de extremistas del Grupo Lautaro; una derivación de los episodios de Bariloche que le costaron la vida a 3 personas a raíz de hechos de «gatillo fácil» por parte de la Policía provincial como sugirió el intendente local, Alberto Wereltinek; y la acción de agentes del narcotráfico que han tomado el Alto Valle rionegrino y Neuquén capital como zona de tráfico local e internacional. Por eso, para no detenerse en la investigación, Herrera acudió a la Gendarmería que haga las pericias y analice los videos y antecedentes aportados a la causa.

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