30 de enero 2012 - 00:00

Justicia: final de feria descongela causas claves

Norberto Oyarbide, Sergio Schoklender, María Servini de Cubría, Ricardo Jaime
Norberto Oyarbide, Sergio Schoklender, María Servini de Cubría, Ricardo Jaime
El regreso a las actividades de los jueces y fiscales esta semana, cuando finalice la feria judicial, marca definiciones en varias causas claves de 2011. A partir de mañana, pesquisas como el caso Schoklender, el que investiga la supuesta campaña sucia contra Daniel Filmus y la toma del Parque Indoamericano iniciarán sus rondas de indagatorias, mientras se prevé el inicio de juicios orales de alto voltaje político, como el de coimas en el Senado y contra los acusados del crimen de Mariano Ferreyra.

Además del caso Schoklender (ver nota aparte), Norberto Oyarbide deberá decidir si queda al frente o si se aparta de la investigación que podría abrirse por las acusaciones de Lorena contra su padre Raúl Martins por supuesto proxenetismo, trata de personas y pago de sobornos, luego de que la mujer de 35 años aludió a una amistad de más de una década entre ambos.

En el expediente, que aún no cuenta con dictamen fiscal de apertura de investigación, hay una exposición de ella sobre los motivos por los cuales Oyarbide -sorteado a fin de año en el caso- debería apartarse, pero no hay una recusación formal presentada todavía.

Medicamentos

El juez también está a la espera de que la fiscalía de Eduardo Taiano -quien reemplaza por el momento a Luis Comparatore, de licencia médica- se pronuncie sobre la elevación a juicio que presentó a fines del año pasado por la causa de supuesto tráfico de medicamentos truchos, que tiene como principal imputado al sindicalista de La Bancaria, Juan José Zanola.

Durante febrero, y de no mediar nuevos pedidos de postergación, está previsto que la jueza federal María Servini de Cubría indague a Jaime Durán Barba, consultor del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en la causa en la que se investiga una supuesta «campaña sucia» contra el excandidato a ese cargo Daniel Filmus.

El consultor ecuatoriano y sus socios habían sido citados para fin de año, pero pidieron prórroga y se fijó un nuevo cronograma: Durán Barba deberá asistir el 16 de febrero y sus socios, José Garat y Rodrigo Lugones, el 9 y el 14, respectivamente.

Otras indagatorias que se deberán definir en breve son las del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y su entorno más cercano en la pesquisa que investigan Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo por presunto enriquecimiento ilícito. Rívolo ya insistió sobre la necesidad de interrogar al exfuncionario a fines del año pasado, luego de que se citaron a las personas señaladas como sus supuestos testaferros, pero el magistrado prefirió esperar los resultados de una pericia contable que ordenó sobre los bienes de Jaime.

Otra de las causas que probablemente tengan una resolución en breve es Siemens, en la que se investiga el supuesto pago de sobornos a funcionarios para obtener la licitación para la digitalización de los DNI, durante el Gobierno de Carlos Menem. El juez federal Ariel Lijo ya indagó a la mayoría de los empresarios imputados en el caso y debe definir su situación procesal, mientras continúa avanzando la pesquisa sobre los exfuncionarios (ninguno de estos imputados ha sido interrogado aún).

Por otro lado, el juez de Instrucción Eliseo Otero deberá pronunciarse sobre el extenso pedido de indagatorias que presentó el fiscal Sandro Abraldes en el caso que investiga los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puñaque, que se produjeron durante la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, así como el de Emiliano Canaviri Álvarez, que se habría producido al día siguiente de la ocupación del predio ubicado en barrio porteño de Villa Soldati. El pedido del fiscal incluye la imputación de 33 miembros de la Policía Metropolitana, 12 de la Federal y de la jueza penal porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo del Parque Indoamericano el 7 de diciembre de 2010.

En cuanto a los juicios orales, el 22 de febrero próximo está programado el inicio del juicio contra el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros nueve detenidos por el asesinato del activista del Partido Obrero Mariano Ferreyra, cometido mientras apoyaba una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca en octubre de 2010.

Sobornos

En febrero también se iniciarán los alegatos en el juicio por el robo de bebés en la dictadura cívico-militar ante el Tribunal Oral Federal 6. Además, el Tribunal Oral Federal 3 deberá fijar nueva fecha de inicio al juicio por el supuesto pago de sobornos para aprobar la ley de flexibilización laboral en el Senado durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. Este tribunal también debe definir el comienzo del proceso por presunta defraudación contra exfuncionarios del Ministerio de Economía en el denominado caso Greco, que fue elevado a juicio por el magistrado Sergio Torres durante 2011.

Asimismo, se deberá fijar una fecha para el comienzo del juicio oral contra la exministra de Economía Felisa Miceli, procesada por el hallazgo de una bolsa con dinero en su despacho, causa a cargo del Tribunal Oral Federal 2.

Por otra parte, el juez federal Julián Ercolini tendrá que definir si acepta un pedido de llamado a declaraciones indagatorias en la causa que investiga el traspaso de Papel Prensa durante la última dictadura.

Además, se prevé que la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal avance en una demorada definición sobre la situación del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, quien apeló su procesamiento en la pesquisa por espionaje ilegal telefónico, donde está sindicado como supuesto miembro de una asociación ilícita, así como un planteo de recusación contra el juez Norberto Oyarbide, a cargo del caso. En la Cámara de Casación Penal también están pendientes varias causas de alto voltaje político, como la imputación contra Macri por la licitación del mobiliario urbano porteño, una serie de planteos en torno al caso Skanska (incluida la definición sobre la admisibilidad en la pesquisa de las escuchas telefónicas realizadas por Oyarbide y que comprometen a varios exfuncionarios) e incluso el sobreseimiento del piquetero kirchnerista Luis DElía por la toma de la Comisaría 24ª en 2004.

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