Justicia frenó demolición

Córdoba - Tras el pedido desplegado por referentes de organismos defensores de los derechos humanos, el juez federal Nº 3 de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, ordenó que no se realice la demolición de la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1), en la que se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, y que semanas atrás fue cerrada.

El magistrado respondió al planteo de Luis Baronetto -exdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba-, quien presentó una acción de amparo y pidió que se dicte una medida cautelar para que no se demuela el edificio porque "se podrían destruir elementos de prueba necesarios para los juicios por delitos de lesa humanidad" que se están desarrollando.

La medida frenó la demolición del edificio, que se encuentra en el capitalino barrio San Martín, donde el Gobierno de José Manuel de la Sota pretende construir un parque.

Ayer desde el Ejecutivo provincial anticiparon la decisión de apelar el fallo del juez e insistieron en su plan de construir "un parque y dos museos", aunque "respetando la memoria".

En paralelo, el juez de Control Nº 2, Gustavo Reinaldi, decidió darle trámite a un hábeas corpus colectivo -por la existencia de supuestas "razzias"- y ordenó al jefe de la Policía de Córdoba que, en el término "urgente" de 24 horas, le informe sobre la cantidad de procedimientos efectuados en una docena de barrios y el número de detenidos.