Justicia investiga posible nulidad de concesión de autopistas Norte y Oeste

Juzgado Contencioso se declaró competente para definir si hubo irregularidades en la extensión de los contratos a AUSOL y GCO por parte de Macri.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativa Federal N°6 se declaró competente para entender en la causa presentada por el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que interpuso una demanda para declarar nulo el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación con la firma Autopistas del Sol SA (Ausol), que comprometía al Estado con una deuda millonaria. En el marco de las denuncias presentadas por el Gobierno, resta que el mismo juzgado se expida sobre un reclamo similar planteado en relación al Acceso Oeste, actualmente en manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

Así lo reveló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien a través de Twitter, dijo que “la Justicia aceptó la demanda para que se declare nula la renegociación de 2018 con la concesionaria Ausol” y recordó que el mismo camino iniciaron en relación a la concesión del Acceso Oeste. “El gobierno anterior reconoció una deuda y una tarifa dolarizada, que garantizaban ganancias extraordinarias a estos grupos económicos”, remarcó Katopodis al dar cuenta de la decisión.

El ministro expresó su convicción de que se podrá “desarmar este negociado” encabezado por la administración de Mauricio Macri. En ese marco, recordó: “Solicitamos también medidas cautelares que restituyan al Estado la administración de los accesos Norte y Oeste”.

A través de un decreto publicado a mediados de septiembre pasado en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Ausol y GCO, respectivamente, renegociados bajo la administración de Cambiemos en 2018. La presentación, realizada por Obras Públicas a través de Vialidad Nacional, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando $1.830 si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores. Esto se debe a que en 2018, Ausol y GCO “firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de u$s813.143.839,52 (u$s540.522.269,52 para el caso de Ausol y u$s272.621.570 para el caso de GCO)”, precisó la cartera a cargo de Katopodis en un comunicado.

En este sentido, explicó que “se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares de 8% anual” que “era capitalizable, y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda”. “Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a u$s1.161.292.387”, remarcó Obras Públicas.

A ello se sumó que los montos debían ser percibidos por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas, con lo cual, para cumplir con esas obligaciones la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario.

La suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los u$s2.000 millones”.