Justicia replica al apuro presidencial

La Justicia respondió el mensaje de Cristina de Kirchner de exigirle celeridad en los peritajes respecto del tren accidentado en la estación de Once. El juez federal Claudio Bonadío hizo saber que los estudios pueden demorar más que los quince días planteados por la jefa de Estado.

La posición de Bonadío sumó el respaldo de la Asociación de Magistrados. En tanto que el fiscal del caso, Federico Delgado, sugirió pedirle al Ministerio de Planificación informes relacionados con los controles estatales sobre la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Los funcionarios buscaron poner freno de este modo a lo que en Tribunales interpretaron como una presión velada de la mandataria -aunque la propia Cristina de Kirchner se encargó de aclarar en su discurso del lunes que no era su intención- y sortear de este modo la pelea política que desató la tragedia que causó la muerte de 51 personas.

Alertas

En paralelo, la Auditoría General de la Nación entregó ayer tres informes que supuestamente alertaban de incumplimientos en el plan de inversiones, el mantenimiento y las reparaciones de las formaciones de TBA.

La jefa de Estado había enviado un mensaje claro a la Justicia el lunes: «No le estoy poniendo plazo a nadie, es que los 40 millones de argentinos y los familiares de las víctimas deben saber qué paso y quiénes son los responsables», había dicho al justificar su planteo de acelerar los peritajes.

Bonadío, un magistrado poco afecto al contacto con los periodistas, se vio obligado ayer a una réplica. A través de sus colaboradores, mandó a decir que el peritaje no es un hecho político sino de naturaleza técnica, cuyo resultado puede demorar más o menos que las dos semanas planteadas por la mandataria. El peritaje fue encargado a dos expertos de la UBA y a un tercero de la Corte Suprema.

En apoyo del juez salió la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). A través de un comunicado, la entidad sostuvo que «no son válidas las requisitorias formuladas desde otros poderes y fuera de los procesos puntuales en los que las partes interesadas pueden plantear sus pretensiones». «Exigencias externas a esos procesos sólo pueden generar incertidumbre, confusión y desconfianza en la Justicia», señala el texto.

La AMFJN está encabezada por el camarista Luis María Cabral, representante de la lista Bordó, una línea opositora al Gobierno. Y en el comunicado aclara que los peritajes no se encuentran entre las funciones de los jueces y que «la complejidad de la tarea es la que determina cuáles son los tiempos necesarios para arribar a las conclusiones».

Sugerencias

Por su parte, el fiscal Delgado entregó un nuevo escrito a Bonadío con sugerencias sobre los cursos de acción. Centró su propuesta en un pedido de informes a Planificación sobre «las acciones de control efectivamente realizadas» por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte respecto de TBA y el Sarmiento. Delgado interpretó que «había signos inequívocos y objetivos de alarma» sobre el servicio y planteó la necesidad de saber «si el control estatal se redujo al plano de la formalidad jurídica o si se extendió hacia el campo de lo real». También recomendó indagar mediante la Bolsa de Valores la cantidad y el destino de los subsidios percibidos por la concesionaria en los últimos años.