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Kirchnerismo pone la lupa sobre jueces de cortes de ruta
Diana Conti
«La idea es instalar el debate sobre el tema, no sancionar a los jueces», explicó Conti sobre el proyecto y agregó que su intención era que la Magistratura adoptara un criterio sobre la actuación de los magistrados respecto de estas medidas de fuerza, ya que «no hay una práctica judicial argentina que se aplique a ese delito».
Pero para Conti no todo es lo mismo y se apura a aclarar y dividir aguas: una cosa son los cortes de «personas muy marginadas, con respecto a los que siempre condenamos su represión y criminalización» y otra cosa es la pelea con el campo. Por eso, la consejera subrayó que lo importante era dirimir «qué cortes son ajenos a lo penal y cuáles son parte de una política criminal, sobre todo en el caso de que los cortes de ruta vuelvan a ser utilizados como instrumento político». Una medida que los productores rurales vienen sugiriendo hace semanas, en caso de que sigan sin avanzar las negociaciones con el Gobierno.
De acuerdo con el informe de Conti, en general los magistrados actuaron «evadiendo medidas judiciales o intentando mediar en el conflicto, pero sin aplicar la ley», y agregó que los fiscales tampoco requirieron abrir causas. Si bien la consejera insistió con que la idea era que el Poder Judicial «genere paz y no violencia», la intervención del Consejo en un conflicto que sigue escalando no parece presentar características muy pacificadoras.
El proyecto además promete avanzar por las altas probabilidades de que Conti sea la próxima presidenta de Disciplina y Acusación, según afirman en la Magistratura. El cargo habría sido pactado en noviembre pasado, durante las negociaciones para la elección del presidente del cuerpo en 2009, Luis María Bunge Campos. Mañana están pautadas las primeras reuniones del año del cuerpo (las comisiones de Disciplina y Acusación, Selección y Administración). Allí se elegirían a los nuevos presidentes de comisión, si es que hay quórum.
La consejera, quien en 2008 fue vicepresidente de la Magistratura y presidenta de la Comisión de Selección, habría logrado un lugar clave para 2009, ya que este año Disciplina y Acusación deberá la posición de la Magistratura frente al desempeño de los jueces en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La polémica estalló en diciembre pasado con el fallo que dictaminó la liberación de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros diez militares, por haberse excedido en los tiempos estipulados para la prisión preventiva, sin condena. Finalmente los acusados nunca fueron liberados porque el fiscal a cargo, Raúl Pleé, apeló la medida de inmediato.
En ese momento, sin embargo, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, había anunciado en conferencia de prensa que pediría al Consejo iniciar juicio político a quienes dictaron el fallo, los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobuci y Luis García, pero todavía hoy no se hizo ningún tipo de presentación sobre el caso ante el cuerpo. Tanto Conti, como otros de los consejeros oficialistas, Carlos Kunkel, había anunciado también el inicio de investigación sobre el desempeño de los jueces y hasta habían sugerido casos de connivencia entre la Justicia y los represores acusados, pero ellos tampoco han avanzado aún sobre una denuncia formal.


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