Kirchnerismo, a solas, limitó la responsabilidad del Estado

Elisa Carrió acusó al kirchnerismo de votar una ley a medida de sus funcionarios. Llevó al recinto su propio proyecto para regular la responsabilidad del Estado. Héctor Recalde hablaba con Roberto Feletti sobre el proyecto para gravar autos de alta gama que se había dictaminado horas antes. Eric Calcagno en la banca.

La Cámara de Diputados votó anoche el proyecto que limita la responsabilidad civil del Estado. Es una iniciativa que el Gobierno envió al Congreso para compensar el haber eliminado del Código Civil el tratamiento de la responsabilidad ante acción u omisión del Estado. De todas formas, como el nuevo Código aún no será ley, la votación de anoche, una vez que pase por el Senado, operará como una reforma del actual Código Civil que elimina el tratamiento de cualquier resarcimiento contra el daño que pueda producir el Estado a un particular.

Diputados arrancó cuando el kirchnerismo logró sumar 133 diputados con la ayuda del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista de La Pampa, dos salteños, un exradical correntino, Compromiso Federal de los Rodríguez Saá y el fueguino Jorge Garramuño que comenzó a adelantar con esa acción cómo podría comportarse desde el 10 de diciembre en el Senado.

La sesión especial comenzó cerca de las 14 con dos homenajes a la diputada sanjuanina Margarita Ferrá de Bertol, quien falleció en el accidente de helicóptero en el que viajaba el gobernador José Luis Gioja, y a las víctimas de la masacre de Margarita Belén de 1976 en Chaco.

Tras los homenajes, la kirchnerista Juliana Di Tullio logró que se convirtiera en ley el proyecto que otorga un resarcimiento a ex presos políticos con una renta vitalicia de $ 5.000 mensuales.

Hacia las 15.30 Diana Conti arrancó con la defensa del proyecto que limita la responsabilidad civil del Estado. "Se esta protegiendo al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio", dijo.

Explicó que a partir de la sanción de la ley, el Estado no estará regido por las disposiciones del Código Civil y sólo cabrá responsabilidad "cuando haya un incumplimiento jurídico expreso", con un daño real.

Puso ejemplos que desataron más dudas en el recinto: "No habrá responsabilidad cuando el Estado tiene una responsabilidad genérica, como dar seguridad o en el mar, porque para eso están los bañeros".

Hubo otros, como el caso de los servicios públicos: "Como las concesionarias no son cuadros de la administración estatal, serán ellas las que deberán reparar daños".

El texto del proyecto dice sobre ese tema que el Estado "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada".

Uno de los primeros en responderle fue el radical Juan Pedro Tunessi: "Esta es una responsabilidad lavada, que protege más a los funcionarios que a las personas".

"El plazo de dos años de proscripción para demandar al Estado es una vil inmunidad para proteger a los funcionarios", dijo.

Conti anunció en el recinto las dos modificaciones que se introdujeron en la redacción original del dictamen: una, extender hasta tres años en lugar de dos años como establecía el despacho el plazo de prescripción de las causas contra el Estado y sus funcionarios, y otra para incorporar al artículo nueve que se podrá acusar por culpa y no sólo por dolo al agente estatal por el daño que haya causado.

Ahora este artículo quedará redactado de esta manera: "la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hacen responsables de los daños que causen".

La decisión de modificar el plazo de prescripción en el recinto dejó en claro que la intención fue desmentir a la oposición y dejar un año de la prescripción afuera del final del mandato de Cristina de Kirchner.

Elisa Carrió, que presentó con la Coalición Cívica un dictamen propio sobre reforma a la responsabilidad civil del Estado, alertó: "Va a ser declarada inconstitucional. Estamos asistiendo al quiebre del estado de derecho". "Esta ley es profundamente injusta y está hecha para el Ministerio de Planificación Federal".

En la misma línea Federico Pinedo acusó: "Los que ejercen el poder van a usar este poder para no resarcir el daño. Es imposible pensar que el Estado no va a responder por el lucro cesante; estas cosas no se pueden decir en un Estado democrático".

También Alberto Asseff, jefe de bloque de Compromiso Federal, advirtió que el proyecto "no termina con los pleitos que hay contra el Estado", y agregó que "como van las cosas esa montaña de pleitos va a crecer y si hubiera voluntad de terminar con los pleitos tendrían que empezar por erradicar las causas que generan 500 mil juicios que colapsaron el fuero previsional en todas las jurisdicciones". Además, sostuvo que la iniciativa "no tiene a priori ningún piso que resista un teste de constitucionalidad".

Hacia la noche la radical santacruceña Elsa Alvarez se quejaba: "El kirchnerismo no accedió a contemplar principios generales de la responsabilidad del Estado en el dictamen del Código Civil, lo que resulta inadmisible, y ahora presenta una iniciativa que deja a los ciudadanos indefensos, no vamos a ser cómplices de un Gobierno que busca garantizar la impunidad".