Kraft: Gobierno ofrecerá paz social por 60 días

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El Ministerio de Trabajo de la Nación y el de Buenos Aires propondrán hoy a Kraft Foods y a la comisión interna de la empresa un acuerdo de «paz social». Cuando los involucrados en el conflicto vuelvan a reunirse en el ministerio que dirige Carlos Tomada, comenzarán a recibir las presiones oficiales para solucionarlo en el plazo más breve. Para esto, tanto Tomada como su par bonaerense, Oscar Cuartango, llevarán una propuesta que, para tener éxito, necesitará que tanto la compañía como los delegados comiencen a mostrar algo de flexibilidad, una cualidad que ninguna de las dos partes parece manifestar, hasta ahora.

La idea de Tomada y Cuartango sería acordar un período de «paz social» de 30 a 60 días, durante el cual se discutiría el futuro de los trabajadores despedidos y suspendidos, se mantendría la producción, y la comisión interna debería comprometerse a no cortar más autopistas, calles ni avenidas.

El plan de ambos ministerios es que los 72 casos de empleados que aún restan resolver (incluyendo los 5 delegados en conflicto) tengan alguna definición que, obviamente, no incluya el despido sin indemnización. Ambas carteras reconocerían a la empresa el derecho de despedir, siempre y cuando sea cumpliendo las normas legales y liquidando las indemnizaciones. Si la compañía insiste en que los despidos sean de alguno de los delegados, éstos deberían además cobrar el porcentual que les acredita su condición de representantes de los trabajadores. Incluye la situación de los cinco delegados en problemas: Javier Hermosilla (que para la empresa está en situación de desafuero), María Rosario, Jorge Penayo, Alfonso Arcadio y Ramón Bogado. Estos últimos, desde el viernes pasado, están ya en condiciones de ingresar a la planta para ejercer sus funciones sindicales.

Un problema para discutir es la situación de alguno de los delegados, especialmente Bogado, cuyo mandato venció el viernes. Los ministerios propondrán que se mantenga la relación laboral y que la empresa, «dentro de un plazo determinado», permita organizar las elecciones internas de delegados sin peligro de estabilidad laboral para todos los candidatos, incluyendo a los que se les venció el período representativo. Estas elecciones deberían ser formalizadas entre 30 y 40 días.

Kraft debería comprometerse, además, a no despedir ni sancionar a más trabajadores, incluso luego de la firma del acuerdo final, y evitar cualquier tipo de «venganza» o «reprimenda» luego de la finalización de las negociaciones. Además, debería asegurar que si define despidos en el futuro, antes deberá anunciarlo y discutirlo con ambos ministerios, y en tandas de debate donde también intervenga la comisión interna.

Los ministerios le prometerán a la empresa que se avalará eventualmente la decisión de despedir a algunos de los 72 trabajadores (no todos), si la compañía justifica estas acciones por cuestiones productivas o administrativas. Kraft deberá mantener los tres turnos de producción y, lentamente, comenzar a desmantelar la seguridad interna en los casos en que esté desplegada como control dentro de las líneas de producción. Además, no debería impedir el ingreso de los cinco delegados en conflicto.

El Gobierno les garantizaría también a los ejecutivos de Kraft el respeto de las decisiones judiciales en el caso de los trabajadores cuyos casos fueron presentados en este marco. Es la situación, por ejemplo, de Hermosilla y de otros integrantes de la comisión interna que fueron acusados de sabotaje y violencia ante otros compañeros. El Gobierno avalaría la decisión que eventualmente tome la Justicia y le pedirá a la comisión interna que también la respete. Por el lado de los delegados, deberían comprometerse para que en el proceso de discusiones no realizar más huelgas internas ni paralizaciones en las líneas de producción; al menos durante el período de negociaciones. Además deberían asegurar que no habrá más cortes de calles, rutas ni autopistas. Será, además, tarea de los delegados convencer a las fuerzas políticas de centroizquierda (Partido Obrero), agrupaciones sociales (Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa) y estudiantes universitarios, para que durante el período de «paz social» tampoco realicen manifestaciones ni cortes de protesta.

No será esto lo que sucederá hoy. Ayer, trabajadores de la empresa ratificaron que por la mañana se manifestarán frente a los tribunales de San Isidro para reclamar por la reincorporación del delegado de la comisión interna Hermosilla, al tiempo que recordaron que mañana habrá una nueva reunión entre las partes y también otra jornada de protesta que incluirá cortes de calles.

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