Kraft: Justicia obliga a negociar

Parte de los 152 empleados despedidos de la ex Terrabusi, apoyados por Barrios de Pie, Polo Obrero y el MST, cortó durante más de 8 horas la Panamericana. En pleno bloqueo, hubo asado en vivo y en directo.

 La Justicia obligó al Gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires, a la empresa Kraft Foods y a los trabajadores de esa empresa en conflicto por unos 152 despidos, a concretar otra ronda de negociaciones para intentar llegar a un acuerdo entre las partes. Si éste no se logra y continúa la toma de la planta de la ex Terrabusi en General Pacheco, podría decidirse desde la Justicia un «desalojo coactivo», decisión que desde el Gobierno nacional se busca evitar.

Ayer, las carteras laborales de Carlos Tomada y del bonaerense Oscar Cuartagno anunciaron que volverán a citar a las partes, aunque éstas parecen hoy más lejos que nunca y sin predisposición a ceder alguna consigna. Los empleados y la comisión interna que los representa, y que está avalada por grupos de izquierda dura, exigen como condición para sentarse a negociar que Kraft reincorpore a los empleados despedidos, incluyendo a los 50 delegados gremiales. La ex Terrabusi reclama que se levante la toma y se niega a discutir sobre los empleados que fueron echados, ya que considera que éstos incurrieron en actos de sabotaje y de violencia interna, sobre los que sólo cabría la acción de la Justicia.

Negociaciones

Ante la situación, igualmente los gobiernos de Cristina de Kirchner y de Daniel Scioli comenzaron ayer a organizar la mesa de negociaciones, pero le aclararon a la compañía que no están dispuestos a reprimir por la fuerza la toma de la planta ni los cortes de rutas, calles y autopistas que protagonizan los despedidos de Kraft y las fuerzas de izquierda que los apoyan.

El viernes, la Justicia dictaminó, según un oficio que las partes recibieron ayer, que no será el Poder Judicial el que se resolverá este conflicto y que las partes deberán sentarse a negociar en ámbitos oficiales. Así lo ordenó la Cámara Penal de San Isidro, que frenó el desalojo de la planta de Pacheco y llamó a las partes a conciliar y a los gobiernos nacionales y provinciales a que actúen como moderadores del diálogo.

Los integrantes de la Cámara Penal de San Isidro rechazaron así el pedido de la fiscal Laura Capra para desalojar la fábrica, tomada hace dos semanas en reclamo por la reincorporación de los despedidos. Los camaristas llamaron a la empresa a tener un gesto e instaron a la gobernación bonaerense a intervenir para lograr el diálogo, pero dejaron entrever que si las negociaciones fracasan podría haber un desalojo.

La situación actual es que los despedidos y la comisión interna de la planta permanecen en el interior del edificio, y hay fuerzas policiales tanto afuera como adentro del lugar. La empresa denunció que los trabajadores «entraron por la fuerza» y «armados con palos» a la planta, lo que provocó una denuncia ante la Justicia y el posterior pedido de la fiscal Laura Capra a que la fuerza pública desaloje la fábrica. Sin embargo, el Juzgado de Garantías Nº 1 de San Isidro rechazó el requerimiento y el caso llegó a la Sala II de la Cámara Penal, que el viernes se expidió.

Los camaristas señalaron que en el caso están en juego derechos constitucionales de las partes y formularon algunas observaciones vinculadas al conflicto. En el fallo señalaron que el artículo 39 de la Constitución bonaerense habilita a las partes a peticionar a las autoridades provinciales un procedimiento de conciliación.

En este sentido, indicaron una vía de negociación, aunque apuntaron que lo hacían sin perjuicio de la eventual renovación del pedido de la fiscal rechazado y de la suerte que éste pueda correr en el futuro. Para esto, ayer el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada intimó a Kraft a que abone en tiempo y forma los salarios adeudados de agosto a todo el personal, incluyendo a los 152 trabajadores despedidos y, dentro de éstos, a los casi 60 empleados que forman parte de la comisión interna y que en el criterio empresarial están cesanteados con causa y sin derecho a indemnización.

El conflicto en Kraft Food comenzó a fines de junio, cuando los trabajadores iniciaron asambleas por reclamos salariales. La situación se recalentó poco después con el pedido de mejoras internas para combatir la gripe A. El 3 de julio pasado, los trabajadores realizaron una manifestación frente al edificio administrativo de la empresa y luego la compañía denunció que, durante la protesta, el personal administrativo y jerárquico debió quedar encerrado contra su voluntad entre tres y cuatro horas. Un mes y medio después, Kraft envió 155 telegramas de despido con causa a los presuntos responsables de la protesta.