Kraft: la Justicia también ordenó que ingresen delegados

Día complicado por el conflicto en Kraft. Dos de los delegados no pudieron ingresar a la planta, Jorge Penayo y Ramón Bogado, ayer a la mañana en la puerta de la fábrica. Más tarde, el último de ellos se enteró, en conferencia de prensa junto con Eduardo Buzzi, de que hoy podrá ingresar por decisión judicial. Scioli ordenó comenzar a retirar la presencia policial, y la Bonaerense impidió un corte en el Puente Pueyrredón de e la Corriente Clasista y Combativa (CCC) a favor de los trabajadores.

El Poder Judicial se mostró ayer abiertamente en la misma línea que el Gobierno de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en contra de Kraft. Fue en uno de los capítulos fundamentales del conflicto. La Justicia laboral de San Isidro intimó ayer a la ex Terrabusi a reincorporar a un delegado gremial despedido, bajo apercibimiento de aplicarle una multa de 2.000 pesos diarios. Se trata de Ramón Bogado, uno de los cinco integrantes de la comisión interna que había sido despedido y al cual se le mantenía prohibido el ingreso a la planta para que ejerza sus funciones de delegado.

La medida fue dictada por los jueces Julián Lescano Cameriere, Gonzalo Nieto Freire y Osvaldo Adolfo Maddaloni, quienes obligaron a la firma a permitirle la «entrada inmediata al establecimiento» a Bogado para continuar con sus actividades gremiales. En el fallo, los magistrados advierten sobre la multa que se le aplicará a la empresa en caso de desobedecer. El mandato de Bogado como delegado vence este viernes, y una asamblea debería extenderlo. Según fuentes de la comisión interna, esa decisión sería respaldada por los representantes de la planta.

En la resolución, los jueces consideraron que la reincorporación de Bogado a sus tareas gremiales «no es un peligro para personas ni para bienes» de la compañía, según indicó uno de los abogados del sindicalista, Juan Pablo Fiorini, aunque no se ordena que sea reintegrado a sus actividades laborales.

La decisión está, además, en línea con lo que había dictado el Ministerio de Trabajo, que a través de una resolución conocida el martes a la noche, intima a la compañía a que ayer deje ingresar a los cinco representantes gremiales para que ejerzan sus funciones. Además, en caso de desobedecer la orden, se obligaría a la Policía de la provincia de Buenos Aires (como órgano de aplicación) a que lo haga por la fuerza. Ayer, la empresa continuó en la posición de impedir el ingreso a los 5 delegados. Sin embargo, desde Trabajo, se tenía el conocimiento de un inminente fallo judicial a favor de la posición oficial, con lo que se esperó a conocerse la decisión de la cámara. Se aguardará a que hoy Kraft abra la puerta de ingreso a Bogado y el resto de los cuatro delegados, incluyendo Julián Hermosilla (para la compañía continúa desaforado). En paralelo, avanza la resolución de la Secretaría de Trabajo por la prohibición para que ingresen en la planta los cinco delegados, que podría terminar en una multa para Kraft por más de $ 13 millones. Ayer Tomada dijo que supone que la empresa «acatará el fallo de la Justicia», y que esto «tiene que ver con el cumplimiento de la ley» de todas las partes en este conflicto.

La decisión judicial cayó como un balde de agua fría dentro de la dirección de la ex Terrabusi. La empresa confiaba en que desde la Justicia se respaldara su posición, ya que había aportado las filmaciones y pruebas donde se lo veía a Bogado en actos de sabotaje y violencia directa contra otros empleados. El fallo toma en cuenta esta posición, le impide trabajar al empleado y lo limita a ejercer funciones de delegado. Pero conmina a la empresa a que esta tarea pueda ser ejercida dentro de los límites de la planta de General Pacheco. Se supone ahora que la decisión judicial podrá extenderse a otros tres delegados y que deberá resolverse únicamente la cuestión de Hermosilla, desaforado por la empresa.

Bogado tomó conocimiento de la medida judicial durante una conferencia de prensa compartida con el titular de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, organizada para que el integrante de la Mesa de Enlace le dé el apoyo a la comisión interna de Kraft. «El pedido judicial era la reincorporación de todos los despedidos. Producto de nuestra lucha se permitió que entraran 50 compañeros», sostuvo Bogado, aunque consideró que «con esta resolución entraremos todos a la fábrica».

No fue la única decisión conocida ayer en contra de la posición de Kraft. Daniel Scioli ordenó también reducir, en forma gradual, la custodia policial en la planta de General Pacheco. El gobernador dio ayer por la mañana la orden a su ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, en una reunión en la sede de la Gobernación, de la que también participó el ministro Eduardo Camaño. «Buscamos que se pueda ir normalizando la producción», dijo Scioli. Temprano por la mañana habían fiscalizado la planta inspectores de los ministerios de Trabajo (de Nación y provincia), para verificar la presencia policial dentro de las plantas de producción. Los propios integrantes de la comisión interna habían hecho la denuncia sobre la presencia de agentes de la Policía Bonaerense y de seguridad privada, desplegados supuestamente por la empresa para controlar nuevos eventuales actos de sabotaje por parte de los trabajadores. El ministerio de Carlos Tomada había dicho a los delegados, durante la reunión del martes, que si se confirmaba esto, Kraft recibiría nuevas sanciones. Sin embargo, los inspectores no encontraron pruebas de esto, más allá de cámaras de video instaladas antes del conflicto. Igualmente, Trabajo pidió que las desmantelaran.