La amenaza es ahora en micros de larga distancia

Con buena parte del sector del transporte atravesado por conflictos sindicales, los choferes de micros de larga distancia anunciaron un paro desde mañana en caso de incumplimiento del aumento salarial por parte de los empresarios del sector. Lo advirtió la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que reclama desde hace siete meses una actualización salarial.

Roberto Fernández, jefe del gremio, le dijo a este diario que hoy debería estar publicado en el Boletín Oficial un decreto que les garantiza a los dueños de micros una asistencia estatal del orden de los 360 millones de pesos al año. En caso contrario, los empleadores avisaron que no pagarán el aumento del 23% establecido en una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y de Interior y Transporte.

Sindicalistas y empresarios aguardan para hoy lo mismo: el Gobierno debería plasmar en un decreto el compromiso asumido a través de la Resolución 513 del Ministerio de Transporte, que les garantiza a los dueños de ómnibus una compensación de 100 pesos por cada discapacitado que deben transportar sin cargo, y de un peso por kilómetro recorrido en rutas en las que las compañías compiten con Aerolíneas Argentinas. También el Ejecutivo prometió la distribución de subsidios Repro para los trabajadores de las empresas con mayores problemas financieros.

La advertencia del gremio coincide con el inicio del fin de semana y en la previa del feriado por el 9 de Julio. Pero, también, con el arranque en varias provincias de las vacaciones de invierno.

El conflicto en la UTA no es el único en el sector del transporte. Ayer, La Fraternidad paralizó los servicios de trenes (ver aparte) por un supuesto incumplimiento salarial, aunque desde el Gobierno indicaron que se trataba de una protesta por la colocación de cámaras de seguridad en la cabina de los maquinistas.

A esos conflictos se suma el que comenzó el mes pasado en el transporte de combustibles por embarcación. Desde hace meses, el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) y el de petroleros ligados a la flota de YPF (SUPEH) mantienen una disputa por el encuadramiento gremial de los trabajadores encargados del transporte fluvial de la compañía.

El SUPEH, que lidera Antonio Cassia, denunció que el SOMU, de Omar "Caballo" Suárez, comenzó el mes pasado a entorpecer "la normal navegación y operación de las embarcaciones al impedir de manera sorpresiva y arbitrariamente la prestación del servicio de remolque a los buques que necesitan la asistencia para ingresar y egresar a los puertos". En protesta por el accionar del otro gremio, Cassia anunció "la aplicación de un paro general de actividades" en el ámbito del Consorcio de Cooperación Naviero Argentina, que trabaja para la petrolera renacionalizada.

Algunos dirigentes deslizaron que la coincidencia de conflictos no es casual. Este martes hubo una reunión de la Unión General de Trabajadores del Transporte (UGATT), la central de gremios del sector que reporta a la CGT oficialista, en la que los jefes de los gremios involucrados intercambiaron críticas a la gestión de Florencio Randazzo y de sus subordinados en el ministerio del área.